Lomas de Zamora: Gendarmería llevó adelante un violento desalojo de 300 familias

Esta mañana un enorme despliegue de personal de Gendarmería llegó al predio ubicado en Rivera al Sur 1190 de Lomas de Zamora. Momentos desesperantes y de mucha angustia se vivieron cuando los propietarios le pedían a las fuerzas de seguridad que no los desalojaran. Mientras, las topadoras perforaban techos y paredes que se derrumbaron ante el llanto de las familias. En pocas horas, solo ruinas quedaban en el barrio lomense.

La estafa fue a 232 familias que habían construido sus viviendas a fuerza de trabajo. El terreno lo adquirieron de unos supuestos dueños: un padre y sus dos hijos que vivían en el barrio y que ya están detenidos.

Mediante un plan que consistía en un "primer pago” como adelanto y cuotas, las familias habían logrado concretar el sueño del techo propio. Vivían en el lugar hacía tres años y tan solo hace un mes se habían enterado que todo fue una trampa.
Carlos Pousa, abogado de las familias estafadas, se mostró molesto con el operativo y la decisión de Villena. “Gendarmería llegó con una orden de demoler las viviendas que no estaban ocupadas, estructuras vacías, pero son casas a las que solo les falta revoques y donde vive gente”, dijo. “Esto no es un asentamiento. Las personas compraron un terrero y tenemos los contratos de compra-venta por valores que van de los 500 mil a 3 millones de pesos”.

Y añadió. “Pero Gendarmería llegó y empezó a tirar todo. La familia que se resistió está presa. Hay un procedimiento brutal con golpizas y palazos. Estoy diciendo que las topadoras rompieron viviendas de hormigón armado. Un desmán”, se quejó.
Al parece el trío que está detenido falsificó papeles y se adjudicó la soberanía del predio. Pero un reclamo ante la Justicia por parte de los dueños del Mercado Central dio un giro. “Dicen que les pertenece -agregó el abogado–, ¿pero después de tres años se dan cuenta que el predio estaba ocupado?. Recién en enero de este año hicieron la denuncia y hoy las familias quedan en la calle”.

Pousa aclaró que la familias estafadas "no cometieron ningún acto ilegal. No están en la clandestinidad". Y compleó: "Hay treinta prsonas que tiene el DNI con ese domiclio. Es decir, hasta el gobierno local sabía de la existencia de que aquí vivían familias. Hay funcionarios del gobierno y concejales que venían al barrio. Nunca dijeron que esto era clandestino. Esto es una estafa inmobiliaria, no son okupas". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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