La transición en la crisis de 2001

La campaña a favor del “voto bronca”, iniciada por el oligopolio Clarín, rápidamente se extendió a otros grupos formadores de opinión, al recibir una favorable recepción popular. Esto planteaba dos problemas fundamentales para la democracia: resolver favorablemente la cuestión de la gobernabilidad, reconciliando la política con la sociedad, y poner coto a la capacidad de manipulación de la opinión pública y de definición de la agenda pública a los multimedia oligopólicos, creados a partir de la legislación sancionada por la dictadura cívico-militar, que aún se mantenía vigente. No podría haber sociedad democrática sin una profunda reforma de la estructura de medios. En la vereda opuesta, Clarín apuntaba a constituirse en una especie de gobierno paralelo capaz de marcar los rumbos de la política oficial, y su proyecto no había dejado de avanzar a partir del maridaje acordado con el terrorismo de estado.

Con los resultados electorales a la vista, la sociedad tomó conciencia de que la política no pasaba exclusivamente por los medios ni por los grandes grupos económicos. La calle, ese espacio público esencial para la vida democrática que habían conseguido suprimir con éxito la dictadura y el menemismo, con la complicidad de los grandes grupos mediáticos –que ocultaban la protesta social–, se revitalizó como un factor esencial dentro del juego político. Desde este ámbito, plebeyo e igualitario, el pueblo se manifestó cada vez con mayor frecuencia contra la clase política, al compás de la consigna: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Las expresiones de rechazo estaban acompañadas por cacerolazos y asambleas barriales autoorganizadas, lo que dejaba en claro el fracaso de los partidos y de la política institucionalizada en la promoción del bien común.

La renuncia de De la Rúa no mejoró las cosas en lo inmediato. Ante la debilidad del poder político, las atribuciones y beneficios de los oligopolios mediáticos continuaron incrementándose, al tiempo que esa dirigencia política denostada y rechazada por la población no conseguía dar respuesta a la situación de anarquía que se había generado. Tras la renuncia de De la Rúa, el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, asumió interinamente la presidencia, según lo dispuesto por la Ley de Acefalía, y procedió a convocar a una Asamblea Legislativa (instancia compuesta por la totalidad de senadores y diputados), a los fines de designar a un nuevo presidente. El escogido fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien contó con el respaldo unánime de los representantes del PJ para ejercer el cargo en forma interina, a fin de convocar a elecciones presidenciales para el 3 de marzo siguiente.

La designación de Rodríguez Saá fue apoyada, además, por los cavallistas, por Fuerza Republicana, liderada por el genocida tucumano Antonio Bussi, y por la dirigencia sindical peronista, en tanto la UIA se mostró en desacuerdo.

Si bien la designación provisoria de Rodríguez Saá era la más adecuada para pacificar la interna del PJ, donde varios referentes de fuste tenían pretensiones presidenciales inmediatas, al garantizar una pronta definición en el terreno electoral, la alternativa era resistida por la oposición, que objetaba la realización de comicios en el marco de una crisis tan grave, y más aún la eventual aplicación de una Ley de Lemas, tal como pretendía el justicialismo. Esta ley consideraba a cada partido o alianza como un lema, que incluía a varios sublemas o candidaturas, para luego atribuirse el conjunto de los votos aglutinados por el lema al candidato más votado. Esta alternativa permitía fortalecer la representatividad de los vencedores, sobre todo porque, a falta de un liderazgo sólido, los votos de una fuerza política necesariamente terminarían dispersándose entre diversas candidaturas con respaldo acotado.

Rodríguez Saá asumió el mando el 23 de diciembre de 2001, e inmediatamente decretó la cesación de pagos (default), argumentando la insolvencia del estado nacional para hacerse cargo de los vencimientos por 1.080 millones de dólares que tendrían que afrontarse en las semanas siguientes. La decisión fue recibida con entusiasmo por la población, y su anuncio en el Congreso le valió una estruendosa ovación, tras la cual se entonó la “Marcha peronista”, condenada al olvido por la gestión de Carlos Menem.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco. Rodríguez Saá pretendió apoyarse en el respaldo popular que le sumó el default para mantenerse hasta la finalización del mandato presidencial que De la Rúa había dejado trunco. Esta pretensión fue vetada por varios gobernadores –José de la Sota, Carlos Ruckauf y Néstor Kirchner– y senadores –Eduardo Duhalde, Jorge Capitanich– con aspiraciones presidenciales.

Tampoco Rodríguez Saá había sido hábil al momento de designar su gabinete, ya que incluyó a figuras muy resistidas por la opinión pública, como Oraldo Britos, Jorge Obeid, Luis Vernet y Víctor Reviglio, y a Carlos Grosso como principal asesor presidencial. El gobierno tenía poco aire. Un cacerolazo masivo puso rápido fin a la tarea de Grosso, repudiado por los casos de corrupción verificados durante su gestión como intendente porteño, entre 1989 y 1992. Poco después, los participantes de una reunión de primer nivel del gobierno nacional, que se realizaba en Chapadmalal, debieron huir apresuradamente, víctimas de un corte de luz intencional y de graves amenazas formuladas por el entorno duhaldista. Rodríguez Saá escapó a San Luis, y desde allí anunció su renuncia el 30 de diciembre de 2001, tras siete días de ejercicio de la primera magistratura.

La grave crisis institucional se agravó cuando se hizo pública la noticia de que Ramón Puerta había renunciado a la presidencia de la Cámara de Senadores por la renuncia de Rodríguez Saá, para ponerse a resguardo de acciones similares a las sufridas por el puntano. Quedó así el terreno despejado para que el presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista bonaerense Eduardo Caamaño, se hiciera cargo del interinato presidencial, mientras negociaba una definición en favor de su jefe político. El 2 de enero de 2002, finalmente, Eduardo Duhalde, quien había sido derrotado en las elecciones presidenciales de 1999 y recién se había incorporado al Senado el 10 de diciembre de 2001, fue consagrado como presidente por la Asamblea Legislativa, hasta la extinción del mandato de Fernando De la Rúa, el 10 de diciembre de 2003. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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