Se reabre el debate sobre el futuro de la ley que limita las reelecciones en territorio bonaerense

No por casualidad, por ejemplo, Omar Perotti ya trató de asegurarse empleo seguro cuando deje la gobernación, anotándose como senador nacional suplente de la alianza que selló con Cristina Kirchner y María Eugenia Bielsa.

Pero el gran problema se da en la provincia de Buenos Aires, donde 95 intendentes no tendrán posibilidad de renovar sus cargos, en caso de que continúe aplicándose a rajatabla la ley provincial aprobada en 2016, con el apoyo de María Eugenia Vidal y Sergio Massa.

Mientras que Vidal intenta clausurar a toda costa su pasado “orgullosamente bonaerense”, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación mantiene un poder propio, y muy considerable, en la Legislatura provincial. Y, en lo referido a la cláusula de no reelección de los alcaldes municipales después de dos períodos consecutivos, sigue pensando igual que hace cuatro años y no considera en avalar ningún retoque.

Pero la intransigencia de Massa choca con las expectativas de los casi cien intendentes que aspiran a continuar a cargo de sus municipios. Y, lo que vuelve la cuestión aún más compleja es que la ley aprobada en agosto del 2016 impone la misma restricción a concejales y legisladores provinciales, por lo que la mayoría de la actual dirigencia provincial debería intercambiar roles o considerar seriamente su futuro. 

“No hay ninguna forma de que lo puedan convencer a Massa de borrar con el codo lo que escribió con la mano”, lamentan en el Frente de Todos, que ya advierten que se abrirá un nuevo conflicto tras las elecciones de este año, aunque sus primeros anticipos ya se sintieron en el reciente cierre de listas.

Si bien tanto los intendentes peronistas como los radicales que serán afectados por la restricción abogan por su anulación, ni Massa ni el Pro están dispuestos a dar marcha atrás, por lo que resulta prácticamente imposible modificarla. E incluso algunos interesados en su reemplazo no se animarían a exponerlo públicamente, para no quedar identificados como componentes de una “casta” que se eterniza en los cargos públicos.

A fines de 2020, Alberto Fernández animó a los intendentes a tratar por todos los medios de hacer caer la norma. “Cuando un intendente es elegido dos o tres veces, es porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular”, afirmó, en una de esas improvisaciones habituales que lo caracterizan.

Pero su aliento inicial se esfumó rápidamente y no registró avance alguno. Por las dudas, varios de ellos se incluyeron en las boletas legislativas o de concejales. En caso de ser electos podrían solicitar licencia antes del 10 de diciembre, lo que dejaría su segundo mandato inconcluso, con menos de la mitad de tiempo de ejercicio efectivo, para así habilitarse a competir por dos nuevos ciclos continuados. 

“La prohibición de reelección para un tercer mandato consecutivo abarca a quienes, habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos años, continuos o alternados”, señala el decreto reglamentario firmado por Vidal.

La aplicación deja abierto el proceso de recambio la conducción política en la mayoría de los municipios. Esto le abriría el camino, por ejemplo, a La Cámpora, quien desde hace tiempo buscar reemplazar a la dirigencia municipal peronista. Con el acceso a la presidencia del PJ provincial de Máximo Kirchner, a partir del mes de diciembre de este año, el foco de tensión se desplazará hacia allí.

Pero desde la agrupación se quitan toda responsabilidad de encima. “Nosotros votamos en contra de esa ley, no es cierto que no queremos modificarla para poner dirigentes nuestros, que se hagan cargo los intendentes que le dieron los votos a Vidal”.

Si bien las operaciones para modificar la norma se intensificarán a partir del día posterior a la elección de este año, el eventual éxito de tales esfuerzos es incierto, aunque parece muy difícil de concretar.

De todos modos, a los intendentes les quedaría una carta adicional: apelar al carácter de normativa retroactiva que arrastra la ley, por lo que podría argumentarse que los dos períodos deberían pasar a considerarse a partir de su aprobación efectiva, por lo que la restricción recién entraría en vigencia en 2027.

Un escenario complejo y contradictorio, sujeto a los vaivenes y la imprevisibilidad del futuro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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