El kirchnerismo recurre nuevamente a Macri para intentar tapar las críticas contra el gobierno

Otro “monumento” ocupa el centro de la escena política actual: el contrato de los Accesos Norte y Oeste, a cargo de la firma Ausol, que fue extendido hasta 2030 mediante un decreto firmado por la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti; el exjefe de Gabinete, Marcos Peña; y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Hasta 2017, esas autopistas estaban en manos de la familia del entonces presidente Mauricio Macri, y desde un principio se sospechó que esta extensión desmesurada apuntó a obtener un precio de venta superlativo del paquete accionario.

Ahora el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la decisión del gobierno de solicitar la anulación de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, soteniendo que esos procesos de extensión de los contratos estuvieron "plagados de irregularidades".

"La concesión de las autopistas está plagada de irregularidades, y se pone en revisión eso con auditorías que se terminaron de presentar este miércoles y que son concluyentes respecto de las obras que se tenían que hacer (y) no se estaban haciendo", argumentó Cafiero.

También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se expresó sobre el presunto negociado –agravado por la condición, por entonces, de primer funcionario público de Mauricio Macri–, afirmando que la prórroga de las concesiones es ilegal, y reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato.

La extensión de la concesión de ambas autopistas generó en su momento una gran polémica por la participación comercial de la familia de Mauricio Macri como accionista de Ausol hasta mayo de 2017. Ante los cuestionamientos y sospechas de negocios incompatibles con la función pública, el ex presidente no firmó el decreto, aunque como jefe de estado avaló una extensión de concesión que lo beneficiaba personalmente, y quedó en la mira de la Justicia.

Katopodis fue terminante en sus afirmaciones: "Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal. Un contrato que era de concesión y de obras. Tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje. Transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma. Esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes".

El jefe de Gabinete coincidió con el ministro, al objetar que tampoco se llevaron adelante "los compromisos de inversión", por lo cual "esa es la causa" por la que el gobierno está interviniendo. Y aseguró que lo que se busca es "dar un servicio de calidad" en las autopistas que operan como vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con la prensa, Katopodis informó que su ministerio estuvo "dos años trabajando" en la evaluación de estas concesiones, para lo cual se conformó una Comisión que llevó a cabo una auditoría.

"Vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar. Por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato", advirtió el ministro.

"Simplemente se hizo una auditoría, se le dio vista a las partes y se va a cumplir toda la instancia administrativa que se tiene que cumplir", garantizó. "Será luego la Justicia la que determine si corresponde o no corresponde la rescisión".

El ministro de Obras Públicas puntualizó que "el contrato establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por diez años".

Esta drástica modificación en la concesión disparó la cotización del paquete accionario de Ausol, lo que significó un beneficio extraordinario para la familia Macri, que rápidamente finiquitó su venta. La utilización de su condición de presidente para obtener beneficios personales, familiares y de amigos y allegados está reiteradamente presente durante toda su gestión, aunque hasta ahora la Justicia haya mirado para otro lado.    

Katopodis afirmó además que la prórroga se otorgó "al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares".

"Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares con una actualización del 8 por ciento anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento que la convalide”, subrayó el funcionario.

No menos grave para el gobierno nacional es el hecho de que "se garantizó que sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda a través de las tarifas", y aseguró que "eso estaría implicando una tarifa de 60 o 70 pesos y un pase a 600 pesos si tuviésemos que cumplir con la curva para el repago de la deuda", continuó Katopodis.

Y lamentó que "tanto en el caso de las PPP (concesiones de Participación Público Privada) como en este caso hay una lógica (y es que) son contratos que están escritos para que siempre sea el sector privado el que tenga las prerrogativas".

A modo de conclusión, Katopodis informó que: "En el caso de las PPP nosotros logramos la rescisión de todos esos contratos, sin ninguna posibilidad de que ellos puedan hacer ningún reclamo ni en tribunales nacionales ni en tribunales internacionales, y hoy las obras se están haciendo a mitad de precio de lo que estaba establecido".

Todo parece confirmar que, incluso en su rol de presidente, para Mauricio Macri ¡lo primero es la familia! (www.REALPOLITIK.com.ar)

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