Nuevo conflicto judicial agrava la situación de Remax

La firma Remax continúa acumulando denuncias en todo el país. En efecto, pocos meses atrás, la Inspección General de Justicia (IGJ) consideró ilícita la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia. De acuerdo a la investigación judicial, Remax Argentina se constituyó como franquicia principal de Remax Internacional, para luego “subfranquiciar” la marca a agentes inmobiliarios. De este modo, ejerce la actividad inmobiliaria eludiendo la legislación local y, por ende, sus requisitos.

Todo en Remax pareciera ser de dudosa legalidad. Por lo general, los locales no tienen empleados propios, sino que la mayoría son monotributistas que reciben cursos dictados por la misma compañía. Lejos de hacer la carrera de martilleros, como suele ocurrir, utilizan a uno como “prestanombre”, mientras que los vendedores son “agentes”, una figura que no está amparada en ninguna legislación.

Lejos de cobrar un sueldo, la mayoría de los agentes paga 60 dólares mensuales para representar a la cuestionada marca, y deben concretar ventas para obtener una comisión que les permita llevarse dinero al bolsillo. Esto genera una perversión de las normas éticas del rubro, dado que la desesperación por cerrar acuerdos los impulsa a prácticas poco agradables, como insistir llamativamente a cualquier interesado, acosarlos telefónicamente y hasta quitar carteles de otras inmobiliarias de forma ilegal y agresiva, entre otras prácticas que fueron denunciadas.

En este escenario, en la ciudad de La Plata las franquicias de la marca se encuentran en la constante mira de la Justicia. Tan sólo en los últimos meses, se llevaron adelante diligencias ordenadas judicialmente en las oficinas de Remax llamadas Diagonal, Estilo, Roble y Enfoque, a efectos de corroborar su funcionamiento, conocer los martilleros a cargo de las mismas y cuál era la razón social bajo la que funcionaban, entre otras cosas. La movida fue promocionada por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata, lo que libró una verdadera guerra entre ambas organizaciones.

En los últimos días, un nuevo capítulo se sumó a la batalla y ocurrió en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad de La Plata. A la misma concurrió la martillera Fabiana Di Girolamo con la idea de desvincularse de la entidad y del ejercicio profesional. Di Girolamo, como se recordará, es una de las profesionales involucradas en las investigaciones judiciales que giran en torno a las franquicias Remax y las actividades por fuera de la ley.

El pasado 15 de septiembre, mientras se llevaban adelante los trámites para su desafiliación, las autoridades del Colegio de Martilleros le informaron que, para completar la gestión debían liquidar la deuda de aportes previsionales, lo que desató una verdadera tormenta de insultos.

Di Girolamo y su marido Elio Di Girolamo, quien extrañamente sería además su primo, lanzaron una catarata de insultos y amenazas de muerte sobre Aníbal Fortuna, actual presidente del Colegio de Martilleros, acusándolo, entre otras cosas, de haber enviado a las fuerzas judiciales y policiales a las oficinas de Remax. Tal y como se detalló más adelante, las mismas intervinieron en numerosas ocasiones como consecuencia de la negativa de las autoridades de Remax a dar explicaciones sobre qué martillero estaba a cargo y datos sobre el funcionamiento de los locales.

Los gritos e insultos de la fallida reunión provocaron la inmediata reacción de empleados del propio Colegio, que ingresaron en la sala de reuniones con el objetivo de detener las amenazas. Finalmente, y luego de muchas amenazas, lograron que el matrimonio Di Girolamo se retire del establecimiento sin pagar la deuda que aún sostienen con la institución.

Actualmente, la denuncia se ha presentado en la fiscalía correspondiente y se encuentra cursando una investigación judicial y una penal preparatoria, con el objetivo de esclarecer un nuevo bochorno por parte de las autoridades de Remax. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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