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23 de septiembre de 2021 | Nacionales

Privilegios de la casta judicial

La exención de Ganancias para magistrados supera el gasto anual en vacunas contra el COVID-19

Los datos surgen de informes oficiales, tanto del presupuesto 2022 como de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En ambos se destaca que el estado exime a los magistrados de pagar 72.914 millones de pesos anuales en impuestos a las Ganancias, mientras que en lo que va del 2021 fueron necesarios 64.508 millones en vacunas.

En plena crisis política, tras la dura derrota electoral en las PASO, el gobierno nacional presentó la semana pasada el Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación, que contempla una inflación del 33 por ciento, un crecimiento del PBI del 4 por ciento y un tipo de cambio en 131,1 pesos por dólar, entre otros datos. Aunque también se desprenden los 72.914,1 millones de pesos anuales perdonados de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provincial.


Gastos tributarios. 

Esta eximición del impuesto a las Ganancias representaba 29.430, 9 millones de pesos anuales en 2020 y 52.448,6 millones en 2021 que no recaudaba el gobierno en materia de gastos tributarios, y para el año venidero se volvió a incrementar significativamente. A punto tal que los 72.914,1 millones que serán condonados a la casta judicial resultan mayor a los 64.508 millones gastados en el presente año (hasta agosto) por la adquisición y traslado de la vacuna por COVID-19.    


Gastos asociados al coronavirus. 

Esta medida fiscal por la pandemia significa un 25 por ciento del total de la participación en gasto COVID 2021 para el país, entre los que también sobresalen el REPRO II (20,8 por ciento), FONDEP y FOGAR (17,6) y la asistencia financiera al PAMI (13,6). Sin embargo, no deja de asombrar como unos pocos nucleados en el Poder Judicial son eximidos de pagar el impuesto a las ganancias en detrimento del resto de la población. 

En épocas de vacas flacas para las arcas nacionales con la pandemia a cuestas y la crisis, el gobierno de Alberto Fernández parece querer realizar una reforma tributaria sólo en lo discursivo. En los hechos, la situación es otra y no deja de ser penosa teniendo en cuenta la gran desigualdad socio-económica existente en el país, a la que se suma que el salario mínimo vital y móvil previsto para febrero próximo alcanzará los 33 mil pesos, que quedan muy lejos de los 68.359 pesos necesarios para no caer en la pobreza. Y en el horizonte asoma un acuerdo con el FMI que podría condicionar la economía local, todo un panorama en principio críptico y desolador. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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