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Nacionales
Haciendo uso de sus facultades, la secretaría de Energía no tuvo otra alternativa que dejar sin efecto la adjudicación provisoria de contratos para la prestación de servicios de siete buques efectuada por CAMMESA en un marco repleto de dudas, irregularidades y falta de transparencia.
En efecto, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) adjudicó seis de los siete contratos a dos empresas de capitales extranjeros (Antares Naviera - tres contratos de tres años cada uno- y Horamar SA -un contrato de tres, uno de dos y un tercero de un año-).
Esta adjudicación provisoria se vio envuelta en ciertas sospechas que involucrarían a funcionarios que articularon la convocatoria, entre ellos al gerente de Combustibles de CAMMESA, Nicolás García Kraemer.
Quienes están acostumbrados a contratar con CAMMESA manifestaron estar asombrados por la diferencia de trato dispensado a Antares Naviera. En efecto, CAMMESA siempre ha tenido tolerancia cero con los plazos, desestimando inexorablemente toda presentación recibida aún segundos después del vencimiento de los plazos fijados. Sin embargo en este caso admitió la oferta presentada por Antares Naviera holgadamente pasada la hora fijada por la misma CAMMESA en la convocatoria.
Aparentemente habría habido connivencia entre ciertos funcionarios de CAMMESA que ejercieron presión a favor de las empresas extranjeras adjudicatarias y estas empresas, según deslizaron estas fuentes. De otro modo no se explicaría que se adjudique un contrato a una empresa cuya oferta fue presentada en forma extemporánea e irregular.
Fuentes cercanas a altas esferas de la secretaría de Energía manifestaron que esta repartición -quien debe dar la aprobación última a las adjudicaciones provisorias- no podía dar su visto bueno en un contexto de sospecha, irregularidades y falta de transparencia, con riesgos de denuncias e impugnaciones. Por lo tanto, decidió dar de baja la adjudicación provisoria y motorizar una nueva convocatoria que garantice el debido proceso y la transparencia.
En estas horas la secretaría de Energía estaría además negociando la desvinculación del citado García Kraemer, entre otros funcionarios, precisamente por su intervención en este escándalo.
Cabe destacar que los contratos materia de adjudicación nunca entraron en vigencia, tal como se señaló tendenciosamente en ciertos medios. En efecto, ello no puede ocurrir sino una vez que la secretaría de Energía da su aprobación final, lo cual es, como se dijo más adelante, su facultad exclusiva.
La adjudicación, tal como se efectuó inicialmente, beneficiaba sobre todo a Antares Naviera, una compañía de capitales chilenos, concediéndole tres buques por el término de tres años cada uno, con lo que una sola empresa contaría hoy en día con el 50 por ciento de la flota y en dos años más con el 75 por ciento de la misma (tres de los cuatro barcos que quedarían contratados), transformando a esta armadora en una empresa cuasi monopólica de CAMMESA.
¿Cómo se llegaría a este monopolio? Es fácil. Existía una decisión tomada por los funcionarios salientes de la empresa eléctrica de reducir paulatinamente la flota de buques de los siete que utiliza actualmente a sólo cuatro en los próximos dos años, lo que llevaría a Antares Naviera a encaramarse como la principal y casi única prestadora de servicios de la empresa mayorista de electricidad, utilizando, además, buques obsoletos que han sido descartados incluso por YPF. Esas alarmas fueron también visualizadas por la secretaría de Energía, quien acertadamente exhortó a CAMMESA a que deje sin efecto la convocatoria actual y lance una nueva.
Los ahorros que dice CAMMESA lograr se basan en la reducción de la flota y no el costo logístico (de siete a cuatro buques), por lo tanto el mensaje es totalmente engañoso.
Esta medida traerá aparejada la pérdida de numerosas fuentes de trabajo tanto embarcados como de soporte en tierra. Es claro que los únicos beneficiados de este fallido proceso son dos empresas de capitales extranjeros. Esta cuestión también es considerada por la secretaría de Energía, puesto que la conservación de las fuentes de trabajo y la protección del empleo y los trabajadores es un fin a tener en cuenta en toda decisión, que los funcionarios de CAMMESA que digitaron la adjudicación soslayaron por completo.
Resulta también llamativo el hecho que no se hubiese producido una “segunda ronda” por parte de CAMMESA a fin de mejorar los precios ofertados, tal como ha venido sucediendo históricamente en los últimos años y preveía la convocatoria. Claramente esta práctica es la que redunda en la obtención de mejores precios, no la adjudicación sin más a empresas de capitales extranjeros en medio de maniobras irregulares.
Vale recordar que CAMMESA es una empresa del estado y, como tal, debe tener una sensibilidad social que, al momento de decidir las adjudicaciones, no tuvo. En efecto, no consideró el impacto en los trabajadores y sus fuentes de trabajo, los cuales han mantenido el abastecimiento de las centrales eléctricas durante toda la pandemia, siendo considerados personal esencial. Pero, independientemente de esto, hay altas sospechas de irregularidades y falta de transparencia no solo en el proceso de presentación de ofertas, como se dijo, sino también en la evaluación, selección y posterior adjudicación.
La secretaría de Energía no ha hecho más que cumplir con uno de sus funciones de contralor de estas adjudicaciones que resultaba altamente beneficiosa para muy pocos. Con la decisión por parte de la secretaria de Energía de poner en marcha un nuevo proceso competitivo de ofertas, preservando y asegurando las fuentes de trabajo comprendidas en el servicio, se intenta, además de traer equilibrio y equidad en la distribución de los contratos, mejorar los precios a pagar por la empresa mayorista eléctrica a través de la reducción de tarifas.
La acertada decisión del gobierno nacional, a través de su secretario de Energía, Darío Martínez, de rever las adjudicaciones provisorias realizadas y desvincular a funcionarios sospechados, no hace más que destacar la voluntad de otorgar transparencia y equidad a los procesos licitatorios, evitando la creación de cuasi monopolios que, a costa de los empleos de muchos trabajadores, tengan la exclusividad en el abastecimiento de combustibles para la generación de la energía eléctrica. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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