En 2017, el ministerio de Seguridad advirtió que la RAM aumentaría las tensiones

El conflicto mapuche continúa tomando velocidad tras los últimos ataques en Bariloche y el Bolsón. El gobierno provincial adjudicó la creciente tensión a sectores radicalizados de la comunidad, especialmente a militantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización armada con base en la Patagonia que viene siendo investigada tanto por el gobierno argentino como por el chileno.

A pesar de los avances en el control de los grupos radicalizados que había llevado a cabo el gobierno de Mauricio Macri, la gestión de Alberto Fernández se ha mostrado errática al respecto. En las últimas semanas, se ha creado una verdadera grieta interna al respecto, con ministros nacionales que continúan apoyando a los activistas más radicalizados y otros del mismo rango que los condenan.

A modo de ejemplo, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que la detención del líder de la RAM, Jones Huala, es un “atropello y una muestra de cómo los sectores más poderosos controlan a los líderes mapuches”. Sin embargo, en el otro lado del espectro se situó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien aseguró que “una cosa es un acto revolucionario y otra es un delito”, en alusión a los incendios ocasionados por la organización. En la misma línea se movió el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien fue más allá advirtiendo que “si fuera por mí, quiero que condenen a Huala en Chile y luego que lo extraditen a Argentina para condenarlo de nuevo por terrorista”.

En el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri había preparado y presentado un informe sobre la RAM, asegurando que se trata de “un grupo de individuos organizados, que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos”. Del mismo modo, el documento afirma que “los hechos descriptos no son aislados, sino que forman parte de una organización ilícita que intenta solaparse en la reivindicación legítima de los pueblos originarios presentes en el territorio argentino y reconocidos por la ley 26.160”.

En este sentido, el informe, que fue firmado por el ministerio de Seguridad nacional, que en aquel momento estaba a cargo de Patricia Bullrich, aseguró que los gobiernos provinciales de Neuquén, Chubut y Río Negro estaban trabajando para “evitar llegar a la situación en la que se encuentra actualmente Chile”.

El informe enumeró los numerosos conflictos que la comunidad había protagonizado en la Patagonia y aseguró que era necesario avanzar con las investigaciones en curso para “poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad”.

Finalmente, el documento observó que los incidentes vinculados al RAM vienen aumentando con el correr de los años. Entre 1997 y 1014 hubo apenas seis incidentes, mientras que entre el 2015 y el 2017 el número de casos ascendió a 51. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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