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28 de octubre de 2021 | Interior

Santa Fe

“Hay algunos que si no son mafiosos se parecen mucho”, las duras declaraciones de Marcelo Saín

Desde que asumió como ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe, en los inicios de la gestión de Omar Perotti, Marcelo Saín emprendió una cruzada contra el narcotráfico y sus redes de complicidad en los poderes públicos y el empresariado de la provincia.

Tanto incomodó a la red delictiva que esta debió recurrir a todos sus medios para conseguir su apartamiento de ese cargo. Pero Perotti –quien no pudo sostener la presión legislativa y judicial- lo designó al frente de la Oficina de Investigaciones que depende del poder judicial.

Esta decisión causó malestar en los funcionarios y legisladores de los poderes públicos provinciales que actúan en connivencia con los traficantes, que no cejó hasta conseguir la mayoría en la bicameral de Acuerdos Legislativos para convocar a una audiencia, a pedido de la oposición, con el fin de separarlo también de este cargo.

La acusación que motiva la investigación es la práctica de "proselitismo" en el desempeño de su cargo. Saín no se apichonó, e ingresó al recinto haciendo la V de la victoria. A la salida reafirmó su decisión de cumplir todo su mandato al frente del Organismo de Investigaciones (OI), aunque que el proceso urdido en su contra "es voto cantado". El sumario administrativo realizado por la Legislatura por una denuncia del senador Lisandro Enrico "tiene un resultado claro y es que vienen en mi contra", denunció y adelantó su decisión de recurrir a los tribunales internacionales en caso de ser separado de su cargo.

Además, relató: "Fue una reunión respetuosa, en donde dejé en claro que a Marcelo Saín no se lo investiga por un tweet sino por ser director de la policía judicial que investiga las estructuras criminales con fuerte protección institucional, incluida la de algunos de los legisladores presentes", aludiendo al senador peronista Armando Traferri, quien respaldó la candidatura de Agustín Rossi en las recientes PASO.

En su alocución, Saín reiteró los argumentos ya presentados en una reciente medida cautelar presentada ante los tribunales rosarinos. Allí se detallan los motivos legales y políticos por los que la Legislatura "viene comprometiendo diversas garantías constitucionales (para destituirlo) como la separación de poderes, el principio republicano de gobierno, la autonomía funcional y la autarquía del ministerio Público Fiscal".

En aquel escrito, reflexionó con sarcasmo sobre la imposibilidad de "desentenderse de la política en un organismo encargado de investigar delitos complejos, y cuya función en sí es política", y expuso pruebas concretas de que la Legislatura es quien utiliza sus facultades para "perseguir díscolos" e incurrir "en una evidente desviación de poder". También recordó que se lo intenta remover por opiniones vertidas en Twitter.

"Todos saben que soy peronista –argumentó -, de igual modo que saben que otros funcionarios judiciales, antes de participar del concurso por el cual llegaron al poder judicial, eran de la UCR o del socialismo, y sin embargo nadie cuestionó el ejercicio de sus funciones".

Uno de los primeros en llegar a la reunión fue el senador Armando Traferri, a pesar de que no integra la comisión que de Acuerdos. Este senador es uno de los principales interesados en la separación de Saín de su actual cargo, ya que existen muchísimas pruebas que demuestran su participación en la red delictiva. Hasta el momento, ha conseguido impedir ser investigado en el marco de la mega causa por el juego clandestino en la provincia.

Saín informó también que "se hizo reserva de elevar la revisión de lo que se decida tanto a instancias superiores de la justicia provincial como nacional o internacional". Sus abogados están decididos a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos habida cuenta de la multiplicidad de normas que se estarían afectando con la tolerancia de la Justicia provincial.

"No hice proselitismo porque nunca me expedí acerca de un partido; yo reivindico la lucha contra las mafias y hay actores de la Legislatura que si no son mafiosos se parecen mucho", aseguró, y finalmente hizo un repaso de su gestión: "La OI empezó a investigar estructuras criminales y a escalar contra la protección estatal de esas organizaciones", e hizo referencia al caso de Esteban “Lindor” Alvarado, que "tocó el nivel policial y fue la primera gran investigación que siguió escalando al escalón judicial y político".

También mencionó el caso del fallecido financista Hugo Oldani, sobre el que dijo que "duele mucho" por el encubrimiento al que se sometió "un sector de la Justicia provincial".

Señaló al fiscal general, Jorge Baclini, acusándolo de "formar parte de la maniobra de persecución política contra mí que llevan adelante distintos actores del MPA, legisladores y dirigentes políticos".

Finalmente, puntualizó que todas las investigaciones iniciadas bajo su gestión "la dirigen fiscales y tienen el control debido de garantías". "El OI tiene el objetivo de estudiar grupos criminales complejos, ¿creían que íbamos a quedarnos en las villas o en las periferias?", remató.

La red de intereses y complicidades existentes en Santa Fe difícilmente pueda ser desarticulada sin una intervención a los poderes públicos provinciales. Algo muy difícil de concretarse, habida cuenta el involucramiento de figuras clave de los principales partidos, la Justicia y el establishment santafesino. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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