“La gobernación de Río Negro trató este conflicto con prejuicio sobre los hermanos mapuches”

"Distintos dirigentes indígenas y miembros de organizaciones de Derechos Humanos y legisladores están bregando para que se trate en el recinto la prórroga de la ley 26160 que suspende los desalojos. Por un DNU sigue vigente esa ley, pero la verdad con la media sanción que le dio el Senado estábamos cerquita de que se trate finalmente", inició la periodista y abogada, Sandra Ceballos.

A su vez, la especialista en cuestiones indígenas detalló: "Sigue siendo algo muy necesario y tiene que ver con todo esto que está pasando donde está explícito el racismo de funcionarios políticos, parte de la sociedad que habla de los mapuches en términos de terroristas y recién reflexionaba sobre que sanción tiene aquel que se atreve a hablar por los medios, sea periodista, político o funcionarios, de nuestros hermanos mapuches o de esta comunidad en particular directamente como terroristas o delincuentes".

"La constitución nacional reconoce en su artículo 75 inciso 17 desde la reforma de 1994 la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan. También, reconoce la posibilidad de que el estado otorgue otras tierras aptas y suficientes en caso de que hayan perdido su territorio original y que no es tierra como la concepción occidental, sino que es el encuentro con la madre tierra que es íntima y particular", especificó.

En este marco, Ceballos aclaró: "Es importante explicar que esa relación espiritual tiene consecuencias jurídicas dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando explicó el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y la Constitución está clarísimo que lo reconoce, incluso reconoce la gestión de sus recursos naturales en concurrencia con las provincias que tienen la acción originaria para tomar determinaciones respecto de los recursos naturales".

Y siguió: "Al tener ambos el reconocimiento debe haber un diálogo entre estos pueblos indígenas y los gobiernos provinciales que se debe dar de buena fe como dice el derecho a la consulta. Lo que sucede es que no tenemos una ley de fondo que reglamente el mandato constitucional, pero si tenemos prorrogado por decreto es una ley de emergencia del 2006 cuyo activo es suspender desalojos y le dice al estado que debe hacer relevamientos territoriales".

Desde este aspecto, advirtió: "La segunda parte de esa ley nunca se cumplió a pesar de las tres prórrogas que tiene esta norma de emergencia que no resuelve el fondo de la cuestión. En su momento, tuvo muchas oposiciones, pero surgió a pedido del movimiento indígena porque los estaban expulsando de sus territorios".

Y comenzó a cerrar: "Cuando la gente piensa que derecho tiene en contra de aquel que tiene un título de propiedad y si razonamos un poquito acerca del motivo del reconocimiento, no solo en la Constitución sino en tratados internacionales, es la reparación histórica que indica que ellos viven ahí de forma ancestral sin un título de propiedad porque no existía el registro de la propiedad hace miles de años".

Finalmente, la experta de la UBA concluyó: "Entonces, ellos tienen mucho más que una prescripción adquisitiva donde en el derecho civil una persona que habita un lugar de buena fe durante diez o veinte años tiene derecho a tener el título". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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