Mesa judicial: Carrió y Garavano, al borde de un ataque de nervios

Carrió se presentó el pasado miércoles en Comodoro Py para exigir el apartamiento del fiscal Franco Picardi de la dirección de la investigación sobre el funcionamiento de la mesa judicial del macrismo. No fue la única en tratar de entorpecer la causa que podría confirmar la manipulación de la Justicia por parte del gobierno de Mauricio Macri. El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, ya había solicitado el martes la anulación del relevamiento sobre expresiones públicas de los funcionarios de Cambiemos que hizo la oficina de escuchas de la Corte.

En junio, el fiscal Picardi le solicitó a la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) un relevamiento sobre qué habían dicho públicamente funcionarios del macrismo sobre aquellos magistrados que denunciaron haber sido víctimas de las presiones de la mesa judicial del macrismo.

Esta dirección, que depende de la Corte Suprema, inició sus investigaciones con el caso de la integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana Figueroa, y de la ex procuradora General, Alejandra Gils Carbó. El 3 de noviembre entregó un primer informe que reveló la magnitud del escándalo. Por ejemplo, que la “madre de la república”, “Lilita” Carrió, exigía que los jueces enviaran a prisión a la jefa de los fiscales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El informe inicial de la DAJuDeCO encolerizó a Carrió, quien se presentó ante la Corte Suprema para reclamar que frenaran las investigaciones. La Corte entonces solicitó un informe a la DAJuDeCO, que contestó que estaba cumpliendo con sus tareas, dando curso al pedido de un fiscal federal en el marco de una investigación penal.

La actitud de la Corte decepcionó a Carrió, quien entonces decidió solicitarle a la jueza María Eugenia Capuchetti que separe a Picardi y que se haga cargo ella misma de la causa, argumentando que la DAJuDeCO realizó una “especie de informe de inteligencia” que atenta contra su derecho de expresarse libremente.

Tal como es costumbre, Carrió sólo se preocupó por cuidar sus propias asentaderas. En ningún momento negó la existencia de una mesa judicial del macrismo. Muy por el contrario, alegó que ella denunció al menos a dos de sus presuntos integrantes: el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el exministro de Justicia, Garavano.

“Resulta evidente que pretender vincularme a una causa donde se investiga la presunta existencia de una mesa judicial, teniendo en cuenta mi trayectoria pública y política, y habiendo denunciado incluso penalmente a algunos de los presuntos integrantes de la misma, es un verdadero dislate”, afirma el escrito que presentó Carrió.

“Que quede claro: no fui, no soy, ni seré parte de entramados corporativos, corruptos o reñidos con la ley. Por el contrario, luché, lucho y lucharé durante toda mi vida contra los mismos”, enfatizó “Lilita”.

Garavano, por su parte, solicitó la anulación del informe al definirlo como un “patrullaje de inteligencia en medios y redes que importa una persecución por razones ideológicas y una conducta lesiva a los derechos humanos”. E incluso el ex ministro de Justicia de Mauricio Macri exigió que se destruya todo lo relevado y que se anule la medida.

La DAJuDeCO se encuentra elaborando un nuevo informe en el que aborda los casos de persecución y amenazas del macrismo contra tres jueces: el ex camarista Eduardo Freiler, el camarista Eduardo Farah y el juez federal Alejo Ramos Padilla, sobre quien se diseñó un verdadero operativo de caza durante la administración Cambiemos. Esta cacería se intensificó cuando Ramos Padilla empezó a investigar la red de espionaje que tenía al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio como uno de sus ejes. Por entonces Garavano pidió apartar –aunque sin éxito-- a Ramos Padilla de la causa, cuando se desempeñaba como juez federal de Dolores.

La investigación de la DAJuDeCO incorpora también las persecusiones y amenazas contra otros jueces, sobre todo del fuero laboral, que fueron señalados públicamente por el ex presidente Mauricio Macri por emitir fallos a favor de los trabajadores y no de la patronal. En este caso es investigado como uno de los instrumentos claves del gobierno de Cambiemos, el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

A partir de las presentación de Carrió y de Garavano, Capuchetti deberá consultar la opinión de las partes y decidir sobre el futuro de la causa, en la que se encuentra involucrada buena parte del gabinete y del círculo más estrecho de Mauricio Macri, incluido el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien pasa alegremente sus días en el Uruguay sin que la Justicia argentina se preocupe por hacer cumplir la normativa vigente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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