La Sociedad Rural, entre la amistad con Domínguez y la lucha contra las retenciones

Al referirse al diálogo con el gobierno, Pino destacó un cambio sustancial a partir de la llegada de Julián Domínguez al ministerio de Agricultura. En particular, destacó la decisión del nuevo ministro de reducir notablemente las restricciones que pesaban sobre la exportación de carnes, la actualización del monto de Emergencia Agropecuaria –que incrementará de 500 millones a 12.500 millones de pesos la ayuda que recibe el sector- y su disposición a gestionar con las asociaciones rurales en lugar de confrontarlas. En este sentido, mencionó la designación dentro del gabinete de agricultura de Matías Lestani (ex técnico de Confederaciones Rurales Argentinas) y de Luis Contigiani (ex dirigente de la Federación Agraria). Contigiani, además de ser diputado nacional, fue ministro de la Producción de Santa Fe.

Para justificar su optimismo, el presidente de la Sociedad Rural comentó: “Días atrás nos mensajeamos con el ministro y le dije que necesitamos que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales se pongan a trabajar de forma urgente para dar apoyo a los productores afectados por la sequía. Le dije que no podíamos estar manteniendo un fondo de Emergencia que tiene más de diez años y un monto que hoy en día no es nada, y le pedimos que se revea ese número. Domínguez tomó nota y lo está gestionando, porque las horas pasan y con las lluvias no se soluciona el daño de la feroz sequía”. “Es la primera vez que se obtiene una respuesta tan inmediata a nuestras demandas”, celebró.

Pero no todas son rosas en la relación con el gobierno nacional. Pino también se refirió a lo que varias entidades rurales consideran como un “vacío legal” provocado por el rechazo del presupuesto 2022 que elevó el gobierno nacional, argumentando que su caída pondría fin a las facultades del ejecutivo para continuar cobrando retenciones a las exportaciones.

En tal sentido, anunció que la Sociedad Rural Argentina (SRA) analiza estrategias legales para el caso de que el gobierno nacional decida continuar cobrando derechos de exportación, a las que se daría curso una vez que concluya la feria judicial.

“Las retenciones desde el 1 de enero deben ser de 0 por ciento. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar. Veremos en unos días, cuando se termine la feria judicial, qué camino vamos a elegir, pero nuestros abogados ya están abocados en este tema”, alertó.

La SRA, en un comunicado de prensa, ya había argumentado que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de Emergencia Pública que delegaba en el presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. De ahí se desprendería que el rechazo de la ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, convertiría en nulo el decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.

En una asamblea de productores realizada en Armstrong, Santa Fe, la semana pasada, Pino le reclamó al presidente Alberto Fernández que instruya de inmediato al ministro de Economía, Martín Guzmán, a aplicar una retención cero, y que a partir de ahora el productor cobre el precio completo de sus ventas. También, Pino instó a que el Congreso legisle sobre el tema impositivo, incluidas las retenciones, ya que así le corresponde constitucionalmente.

Aún cuando la Sociedad Rural es la que salió con los tapones de punta con el reclamo de la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación, otras entidades agrarias seguirían el mismo camino. En efecto, así lo anunció Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR), que estudia a través de su equipo de asesores jurídicos los pasos a seguir, incluida una “acción declarativa de certeza”, para que un juez federal se expida sobre la constitucionalidad del decreto referido, y sugirió a los productores del norte de la Argentina la presentación de un recurso de repetición ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se devuelvan los impuestos, en este caso las retenciones “mal retenidas”.

De este modo, entre el optimismo por la gestión de Julián Domínguez y la evaluación de acciones legales contra el gobierno nacional, transcurren los tórridos días de este enero para las asociaciones rurales. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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