Perdón Nicaragua, no saben lo que hacen

El lunes 10 de enero del 2022, en la plaza de la revolución, en la ciudad de Managua, el funcionario argentino Daniel Capitanich extiende su brazo, sonríe y felicita al dictador nicaragüense Daniel Ortega quien, mediante una ficticia toma de posesión, acababa de dar comienzo a su quinto mandato presidencial.

Ortega no es un mandatario cualquiera, está acusado por la comunidad internacional de perpetuar un fraude electoral y de haber utilizado organismos estatales para perseguir y encarcelar a todos los políticos opositores que intentaron presentarse en las pasadas elecciones como una alternativa al dictador sandinista.

Durante toda su gestión se encargó de destruir todas las instituciones de su país, el Estado de Nicaragua se volvió un clan familiar, financió grupos paramilitares que respondían a sus intereses, modificó la constitución dándole la oportunidad de ser elegido eternamente, intervino todos los poderes, monopolizó los medios de comunicación y reprimió a la población civil en todo intento de manifestación contraria al régimen, dejando un altísimo saldo de muertos, heridos y presos políticos.

Es evidente que la dictadura sandinista no representa valores democráticos, que Nicaragua es una tierra donde reina el autoritarismo y la injusticia, y donde cualquier opinión diferente puede terminar en una tragedia, pero… ¿Por qué el gobierno argentino apoya esto?

El canciller de la Nación, Santiago Cafiero, ha repetido en reiteradas entrevistas que la política de la Cancillería se basa en la “no injerencia en asuntos internos de otros estados”, esto de por sí es contradictorio, la política exterior que lleva a cabo un estado es el fiel reflejo del pensamiento político de un gobierno que se manifiesta en un ámbito internacional. Cuando un país se abstiene y no condena a una dictadura que viola los derechos humanos de sus habitantes, básicamente la está respaldando.

El periodo de la posguerra trajo consigo la creación de varios organismos internacionales que tienen la misión de proteger los derechos humanos de las personas y mayoritariamente son los funcionarios de los diferentes estados quienes exponen en estos. Considero que negarse a usar estas herramientas supra estatales es un evidente aval hacia los gobiernos autoritarios que destruyen diariamente las libertades individuales, los derechos civiles de los ciudadanos y las instituciones de los países de nuestra región. No por nada la mayoría de las dictaduras se oponen a los tratados de derechos humanos y a los organismos que le dieron creación.

La cuestión parece clara, el apoyo incondicional a esta clase de políticas se debe a un conector común: el foro de São Paulo. Para quienes no conocen, esta es una agrupación de partidos políticos de izquierda latinoamericanos, que abarca desde reformistas centroizquierdistas hasta colectividades guerrilleras de ultraizquierda. Hoy en día, además de la Argentina, partidos pertenecientes al mencionado foro, gobiernan países como Bolivia, Venezuela, Cuba y México, todos ellos apoyaron la fraudulenta y corrupta elección de Ortega.

La razón de ser de esta organización es la ejecución de un plan estratégico común a toda la región con consignas y discursos similares. Se podría decir entonces que el apoyo del gobierno argentino se debe a una cuestión ideológica. Quitando los matices inherentes a cada país en particular, no existen muchas diferencias de pensamiento entre un Ortega, un Maduro, un Morales, un Castro o un Kirchner.

La posición humillante en la que quedó nuestro país ante la comunidad internacional es inadmisible, nuestros principios constitucionales rechazan el autoritarismo, la represión y los comportamientos anti democráticos. Hoy en dia para el mundo la Argentina respalda dictaduras.

Como si esto fuese poco, en este vergonzoso acto político llevado a cabo en Managua, las autoridades diplomáticas argentinas se cruzaron con Mohsen Rezai, el vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, acusado por la Justicia de nuestro país de organizar el fatídico atentado a la AMIA en el año 1994. Esta situación quita el velo y deja en claro que el gobierno argentino no solo respaldó la dictadura sandinista y la masacre de la población civil nicaragüense, sino que también le faltó el respeto a las familias de las 85 víctimas de aquel atentado ocurrido en nuestro país.

Mientras la democracia corra por esta tierra, es nuestro deber exigir que estas cosas no pasen, visibilizar este tipo de hechos expone el desastre institucional del acto, porque por más ideología que exista, es inaceptable que nuestros representantes, elegidos democráticamente, acompañen a un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos. La política exterior argentina se debe realizar con responsabilidad, profesionalismo y  conocimiento, alzando la voz ante las injusticias en aras de una región más justa y democrática necesaria para el progreso de una Latinoamérica libre y pacífica.

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