Por falta de consensos, Argentina cumplirá trece años sin defensor del Pueblo de la Nación

Nadie hubiese imaginado que el 6 de abril del 2009 sería el último día en que los argentinos contaríamos con un defensor del Pueblo de la Nación. En 1999, el peronista Eduardo Mondino había reemplazado a Jorge Luis Maiorano, ex ministro de Justicia de Carlos Menem y primer ombudsman del país -la Defensoría del Pueblo se creó con la constitución de 1994-, aunque tras nueve años y medio de gestión decidió renunciar para ser candidato por Córdoba de las elecciones legislativas cuyo ganador resultó ser el hoy empresario y principal accionista de la firma de hipermercados ChangoMás, Francisco De Narváez.   

Por lo tanto, en poco más de dos meses Argentina cumplirá con la constitución nacional por décimo tercer año consecutivo al no contar con un defensor del Pueblo de la Nación, cuya función es la de representar los derechos de los habitantes ante los poderes del estado y las grandes empresas, lo que se conoce como “abogado del pueblo”. El encargado de nombrarlo es el Congreso por los dos tercios de ambas cámaras parlamentarias, pero producto de una falta de consenso entre oficialismo y oposición que viene de años y parece agudizarse cada vez más, el panorama futuro decanta en la continuación de la acefalía.

De hecho, ninguno de los principales referentes de los espacios políticos ha manifestado tener en agenda para el incipiente 2022 este tema esencial para garantizar los derechos de los argentinos. De vital importancia resulta el cargo, a punto tal que defiende a los ciudadanos de los abusos del estado o las grandes corporaciones en conflictos que van desde los tarifarios, desalojos, represiones, problemas ambientales, etcétera.

El año pasado, el mismo Mondino fue quien cuestionó la vacante al referirse, entre otros motivos, a la importancia de la Defensoría del Pueblo dada por ser “el único órgano de representación nacional que tiene en Naciones Unidas, en materia de Derechos Humanos, la Argentina”. Y agregó: “Hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el país tiene su banca vacía (…) por lo que no puede expresarse en ese organismo internacional al carecer de la institución que la representa”.

En diciembre pasado, más de cuarenta organizaciones llevaron a cabo una protesta en cercanías del Congreso bajo el lema “Defensor/a del Pueblo YA”. “Tanto los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de doce años”, informaron en un comunicado las principales organizaciones no gubernamentales del país.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, una de las ONG que impulsa la campaña por un defensor del Pueblo, también se ha expresado al respecto. Contó que en febrero del año pasado le planteó al oficialismo la necesidad de que avance en la elección de un candidato, pero el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le devolvió un vacío: “Es muy complejo”.   

Más allá de la presión social con la reciente movilización callejera, al poder político parece no interesarle contar con esta figura de mandato constitucional o, mejor dicho, aparentemente no le conviene. Así lo refleja las constantes evasiones para su elección, cuya función debe ser independiente de la política y con la capacidad de dialogar con todas las partes involucradas. Otro dato no menor son los únicos dos candidatos en casi 28 años por los que la clase política se puso de acuerdo para elegir al titular del cargo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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