Fueron “discriminados”, acudieron al INADI y realizar la denuncia se convirtió en una odisea

Como todos los veranos, el gobierno de Puerto Madryn organiza una serie de recitales gratuitos en el playón recreativo en la costanera. En esta última ocasión, el pasado viernes, se presentó la emblemática banda de cumbia Damas Gratis, recital al que concurrieron un grupo de vecinos que no pudieron ingresar por no contar con el pase sanitario dispuesto por las autoridades municipales. Previendo que su acceso iba a ser denegado, registraron mediante un video el momento donde fueron rebotados, aunque les significó “un calvario” poder realizar la denuncia correspondiente al INADI provincial.

Con el comienzo de la pandemia, en los pagos del intendente Gustavo Sastre, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cuya titular es la dirigente del Frente de Todos Victoria Donda, cerró todas sus delegaciones para la atención al público personal. Aunque tampoco resulta una tarea sencilla radicar una denuncia de forma virtual. “Nos enteramos que el INADI dejó de funcionar presencialmente, por eso tuvimos que hacer la denuncia por correo postal porque los mail del organismo nos rebotan”, comenta en diálogo con REALPOLITIK Mariela Chamorro, una de las vecinas denunciantes.

“Llamando al 168 tampoco te atienden. Realmente es un calvario poder lograr denunciar ante un ente que se encuentra desmembrado y sin asistencia al vecino. Es una vergüenza como el estado desampara al ciudadano”, agrega, a la par que resalta “los años que retrocedimos” para tener que recurrir al correo por una denuncia. Si bien finalmente pudieron concretarla, bajo la acusación de “discriminación y abuso de autoridad (…) de los responsables de las acciones restrictivas” y a la espera que el INADI sancione a quien corresponda, no deja de ser significativo el mal funcionamiento del organismo chubutense.

LA DENUNCIA 

El mismo día del evento, las denunciantes se acercaron a la dependía policial correspondiente para aportar el material fílmico que grafica el hecho en cuestión. Allí se observa como son imposibilitadas de ingresar al recital –vallado- por los agentes de seguridad, quienes se negaron a identificarse o mostrar su placa. “No tenemos pase sanitario porque es inconstitucional (…) No nos sometemos al experimento (…) La vacunación es voluntaria y optativa, según el boletín oficial de la Nación. También dice que no es una vacuna, sino un ensayo clínico”, esgrimieron las vecinas mientras grababan la secuencia.

Chamorro forma parte del grupo de Vecinos Autoconvocados por la Verdad, quienes se autodefinen como apartidarios y comenzaron a frecuentarse vía Zoom durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para visibilizar las acciones del ejecutivo que “se disfrazan de medidas sanitarias pero atañen a un control social”, indicó. Además, describió cómo fue la antesala del conflicto con el gobierno municipal: “En este tipo de recitales veraniegos, las familias vamos con las reposeras y nuestros niños a la playa y nos quedamos hasta la noche escuchando música. Pero en el primer evento del año, cuando vino el grupo musical La Konga, no nos dejaron entrar por no tener el pase sanitario”.

“En aquel momento hubo forcejeos con la policía y los empleados municipales, por eso decidimos reunirnos con el intendente y su secretario de Gobierno (Martín Ebene) y así intentar llegar a una solución”, añadió. Sin embargo, la respuesta comunal no fue la esperada: “Nos dijeron que la implementación del pase sanitario responde a órdenes que vienen desde arriba, que no las pueden incumplir. Y se comprometieron a realizar un debate en el concejo deliberante, junto a médicos de hospitales públicos, porque sugirieron que les faltaba más información científica”.

“Habíamos advertido de la inconstitucionalidad del pase, en un lugar al aire libre donde es una práctica cultural habitual aquí, que se repite años tras año, y por eso supusimos que hablando con los funcionarios íbamos a llegar a un punto en común. Aunque ya se agotaron las instancias de diálogo y por eso acudimos a la Justicia”, amplió. Y continuó: “Por ejemplo, hay personas diabéticas o con cáncer que no pueden vacunarse por recomendación de sus médicos. Se ha llegado al punto de dejar morir a familiares en soledad o cremarlos  sin consentimiento, como ocurrió con un familiar mío”.

En tanto, Chamorro criticó: “La gente corre a vacunarse por miedo a perder el trabajo o no poder visitar a su familia; hay desinformación y la publicidad trata de inculcarnos miedo. Ahora se separa el vacunado del no vacunado, en la política siempre se encuentra la grieta y eso es lo que denunciamos”. Por último, adelantó que están pronto a presentar una carta denuncia al jefe comunal local, al ministro de salud provincial, Fabián Puratich, y al gobernador Mariano Arcioni, que “cuenta con el aval de 200 personas, las cuales apoyaron nuestra demanda con sus firmas”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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