Para el ex juez Tiscornia, el Consejo de la Magistratura “es un organismo de actividad fraudulenta”

"El ministro de la Corte, Jorge Baqué, ya fallecido, a poco de que se inauguraba el Consejo de la Magistratura el 18 de noviembre del '98, ya formulaba duras críticas donde lo definía como un organismo paquidérmico, elefantiásico, donde criticaba la burocratización del mecanismo", inició Guillermo Tiscornia.

En este sentido, el letrado continuó: "Después vinieron más críticas, la del otro ex ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, en varias publicaciones y, por otra parte, últimamente en un seminario que tuvo lugar en la UCA en septiembre del 2020, el profesor de derecho constitucional, Alberto Bianchi, dio una definición contundente al decir es el botín de la política y el Caballo de Troya de la Justicia".

Seguidamente, el ex juez penal y económico explicó que "con eso el doctor Bianchi quiere reflejar que se representaba como un mecanismo transparentador, esto era a través de una representación multisectorial del Consejo, donde está el sector, judicial, político, de los abogados y el mundo académico". Y reiteró: "Entonces, se presentaba como un organismo que iba a dar transparencia a los mecanismos de selección y designación".

Sin embargo, el ex magistrado detalló: "La práctica demuestra que el organismo se contaminó, que hubo tráfico de información en los concursos públicos donde hay un caso testigo que derivó en un escándalo para cubrir un cargo de la justicia electoral de Entre Ríos ya que un jurado, el doctor Pravia, y un participante que era un fiscal al que se le demostró que tenía de antemano los temas que se iban a tocar en el examen".

"La forma en la que el Consejo de la Magistratura generó un mecanismo de encubrimiento en una investigación que tenía como protagonista al juez federal, ya jubilado, Rodolfo Canicoba Corral, a quien se le vendió un certificado de impunidad, habla a las claras de que este es un organismo de actividad fraudulenta", indicó.

Acerca de su postura, señaló: "La crítica que yo hago es que el poder judicial de la nación tardó una década y un lustro, quince años, en resolver este planteo. Recordemos que en el año 2006 cuando se reformó, a través de una ley del gobierno del presidente Kirchner, la composición del Consejo -reduciéndose de veinte a trece miembros- sobrevino un planteo de inconstitucionalidad planteado por el Colegio de Abogados de Buenos Aires", sostuvo. 

"Rápidamente un juez de primera instancia dictó un fallo, acogiendo el planteo y marcando que había un desequilibrio en la composición del Consejo. Es decir, decía que la reforma le daba más peso al sector político en detrimento al peso del sector judicial y académico", siguió recapitulando el entrevistado.

Y concluyó: "Ahí se estableció la inconstitucionalidad de la norma que rompía el equilibrio que fue confirmado por la sala II de la Cámara Contencioso y Administrativo años después ese fallo. De esos quince años, la Corte estuvo jugando al póker ocho años, es decir que cajoneó el planteo hasta el 2021 que se dicta la resolución confirmando la evidencia de que la ley era inconsticional".

"Comodoro Pro existe porque antes del gobierno de Macri también había mecanismos de intromisión sobre el poder judicial. Menem dejó la presidencia después de diez años de gobierno y en el 2000 los jueces federales empezaron a sacar investigaciones que involucraban a funcionarios menemistas que se encontraban durmiendo el sueño de los justos", agregó. Y sintetizó: "Hay una lógica perversa que marca la intromisión del poder político sobre los jueces federales y que es histórica en la Argentina. Por lo cual, Comodoro Pro es la consecuencia de ese comportamiento totalmente viciado". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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