Las tarifas, en el centro del debate del acuerdo con el FMI

De aprobarse los términos de que está dispuesto a aceptar el gobierno, la Argentina no sólo resignaría su soberanía, sino que estará sujeta a constantes penurias económicas y sociales, supervisadas por una constante y amplísima intervención de los organismos de crédito internacional.

En las últimas horas trascendió que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborarán un estudio para definir un nuevo esquema de subsidios que se aplicará a partir de 2023. Para el 2022 se empleará la propuesta argentina. Y quedan por negociar la política cambiaria y las misiones trimestrales. La excusa es definir una segmentación “eficiente” de las tarifas de luz y de gas.

El estudio, clasificado como “urgente”, sería aplicado a partir del año próximo. El gobierno argentino aceptó reducir drásticamente el monto anual aplicado a los subsidios de las tarifas de los servicios públicos, aunque tratando de evitar un “tarifazo” en los dos últimos años de la gestión de Alberto Fernández, para no resignar del todo las escasas chances electorales que le quedan para el año próximo.  Pero este sería inevitable, atendiendo a las pautas fiscales que figuran en el acuerdo de facilidades extendidas que se anunciaría esta misma semana; y que la ingresará en el Congreso el 2 de marzo.

Si bien el gobierno plantea aumentar sólo un 20 por ciento los servicios públicos este año, con un incremento mayor para un pequeño universo de usuarios, para tratar de calmar los cortocircuitos internos que existen sobre ese índice, el FMI, en cambio, demanda un ajuste universal de hasta un 180 por ciento, de manera inmediata, al que debería agregarse el índice inflacionario de este año. Según cuál fuera la segmentación, podría ceder hasta el 80 por ciento, aunque habría que compensar el 100 por ciento restante de algún modo.

Con ese nivel de presión, el voto de muchos legisladores del Frente de Todos en el Congreso está puesto en riesgo. Y hasta podría derivar en el rechazo del proyecto oficial.

Si bien Cristina Kirchner no habló públicamente, sí lo hizo a través del senador Mayans la semana pasada, para condicionar el apoyo del Senado al acuerdo, y ahora apareció su economista más cercana, Fernanda Vallejos, quien no sólo volvió a rechazar el entendimiento con el FMI, sino que propuso proteger a los ingresos bajos y medios, incrementando la presión tributaria sobre los sectores más acomodados.

"Si la idea es corregir ese sesgo, que sería injusto, para que quienes no necesitan el subsidio, dejen de recibirlo, no hace falta ningún galimatías: basta y sobra con cobrarles más impuestos a ese 10 o 20 por ciento, con escalas y alícuotas progresivas, según el nivel de ingresos y riqueza”, publicó la ex diputada en su cuenta de Twitter. Y luego dio mayores precisiones

"Cuando el estado subsidia, inyecta recursos. Cuando cobra impuestos, los absorbe. De modo que, si se quiere, sobre la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas), subiendo esos impuestos se absorben entre los sectores que no necesitan, los recursos que se inyectaron".

De este modo, debería actuarse “cobrando impuestos a los más ricos, para recuperar los recursos que se volcaron en subsidios en esos sectores, se termina la distorsión de la política tarifaria. Es falso que haya que tocar las tarifas, segmentar, etcétera. Si no se hace de ese modo, es porque el objetivo es otro".

En privado, la vicepresidenta sostiene esa misma posición, por lo que condiciona cada vez más su respaldo. La situación es tan tensa que el gobierno debería recurrir a los votos propios más los de la oposición para conseguir aprobar el acuerdo. Claro está que el Frente de Todos estallaría por los aires, y el tramo final del gobierno de Alberto Fernández quedaría envuelto en una nebulosa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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