El nacimiento del estado de Bienestar en Occidente

Se trató de un sistema de integración social que tenía como fundamento crear un conjunto de políticas anticíclicas amortiguando o dilatando los períodos de recesión capitalista.

Su marco conceptual se fundaba en los argumentos de John Maynard Keynes, mientras que no es de desestimar que su contexto político estaba signado por la amenaza del régimen comunista en las naciones europeas. En efecto, estas políticas se implementaron para evitar un nuevo avance de las ideologías de izquierda ante el malestar social inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Nacía de esta manera el estado de Bienestar (Welfare State), el cual no tendría las mismas cualidades en todos los países, aunque existían nítidos rasgos comunes que permiten hacer alguna generalización. En primer lugar, el estado asumía la responsabilidad de garantizar el pleno empleo como objetivo fundamental de sus políticas macroeconómicas; en segundo lugar, éste asumía un compromiso social con los sectores más desprotegidos con el objeto de garantizar la equitativa distribución de los bienes sociales para lograr la igualdad de oportunidades que el estado liberal ortodoxo nunca pudo asegurar; en tercer lugar, establecía una política fiscal progresiva que no gravaba el consumo sino a las riquezas; en cuarto lugar establecía un rol de árbitro de los actores sociales en particular de los miembros del capital y el trabajo; una quinta esfera de intervención fue la emergencia de un estado productor de bienes y servicios; no obstante, esta variable se generalizó en Europa, pero no así en Estados Unidos.

El estado de Bienestar descansaba sobre tres pilares básicos que se pueden calificar como el estado empresario, el neo corporativismo y el estado social propiamente dicho. El primer sostén era producto de una fase del sistema de producción basado en las industrias pesadas. La presencia de un estado empresario dio lugar al sistema de economía mixta, ya que a los agentes económicos privados se le sumó un Estado que se hizo cargo de numerosas ramas de actividad: ferrocarriles, líneas áreas, subterráneos, electricidad, explotación y comercialización de petróleo, agua, empresas carboníferas, gasoductos, comunicaciones, correo, energía atómica, y otras empresas de bienes de capital.

Con esta modalidad el estado atendía simultáneamente a demandas económicas, políticas y sociales; económicas en tanto el grado de avance de las fuerzas productivas requería una planificación, gestión e inversión de capital que los empresarios privados no estaban en condiciones de asumir; políticas en tanto se efectuó durante el período de la Guerra Fría y las autoridades consideraron de vital importancia retener en sus manos los recursos energéticos, de transporte y de comunicación, previendo la posibilidad cercana de una Tercera Guerra Mundial; sociales en tanto la asunción de funciones productivas le permitía garantizar el pleno empleo, incentivando de esa manera una demanda agregada en continua expansión.

Se denominó neo corporativismo a la mediación ejercida por el estado en las relaciones entre los empresarios y los sindicatos. Es la emergencia de un nuevo sistema de articulación de intereses basado en tres interlocutores sociales: capital, trabajo y estado. El neo corporativismo se distanciaba de la experiencia italiana del corporativismo en por lo menos dos aspectos: uno, que no incluía como interlocutor a actores sociales que ejercieran una presión desestabilizante –como las fuerzas armadas o las confesiones religiosas– y dos, que no menospreciaba a las instituciones del régimen democrático sino que las complementaba otorgando legitimidad al sistema. Los acuerdos coyunturales que obtuvieran el estado, los sindicatos y los empresarios partían de un arreglo institucional básico donde todos cedían parte de sus demandas a cambio de una ampliación de sus beneficios.

Los empresarios se resignaron a disminuir una parte de sus ganancias a cambio de subsidios directos por parte del estado y de previsibilidad de su producción por la disminución de huelgas obreras. Los trabajadores se constreñían a ciertas regulaciones en materia de huelgas obreras y otras modalidades de lucha; como contrapartida los asalariados obtenían protecciones laborales y buenas remuneraciones. El estado, finalmente, se comprometía a garantizar el pleno empleo, a ampliar su política social, y a brindar beneficios extraordinarios a los empresarios a través de exenciones fiscales y subsidios al capital.

De este modo, los gobiernos conseguían estabilidad política debilitando a los partidos comunistas y generando condiciones predecibles para la gestión de las políticas macroeconómicas. El estado social se definió por la ampliación de la protección social destinada a facilitar la integración social de los individuos. Dicha integración se basó en la ampliación de los derechos sociales de la ciudadanía. Estos derechos apuntaban a garantizar la salud, la educación, el empleo, recreación, subsidios por desocupación, subsidios de invalidez o vejez; es decir, un dispositivo legal destinado a la ampliación de los derechos ciudadanos. Desde otro ángulo, el estado complementaba la protección del sector trabajador con la aplicación de regímenes especiales para el trabajo insalubre, licencias por maternidad y enfermedad, la indemnización por despido, vacaciones retribuidas y respaldo sindical.

Mientras que en Europa y algunos países tercermundistas –como por ejemplo en la Argentina- tomó forma un tipo de ciudadanía democrática, asociada a la negociación entre el empleo y la producción con el arbitraje estatal, en otros países sólo emergió una forma de integración social que fortaleció a los gobiernos pero no al régimen democrático ni a sus instituciones. En resumen, la intervención del estado en la economía tuvo lugar en dos planos: a) el de la provisión de recursos humanos adecuados y la acumulación, al encargarse de educación, salud y formación del capital requerido por la infraestructura económica y los bienes estratégicos (transporte, comunicaciones, energía y combustibles); b) el del mantenimiento de las condiciones necesarias para sostener una demanda agregada apta para la continuidad del modelo. Para esto se estructuró una intervención estatal en el sistema de precios y una política fiscal (especialmente del lado del gasto) que facilitaron una distribución más equitativa del ingreso.

El estado de Bienestar fue viable en la medida en que el mercado interno y la división internacional del trabajo favorecieran la absorción de la inmensa capacidad productiva de las economías industriales. La economía fue esencialmente doméstica y el nivel de exportaciones nunca superó el 10 por ciento de los bienes producidos. Por ejemplo, Estados Unidos sólo exportó durante este período el 8 por ciento de su PBI. La forma de organización fordista resultó ampliamente funcional al Welfare State, y los sectores de punta que se expandieron en este período fueron los plásticos –poliéster, naylon–, el radar, los circuitos integrados y, más tarde, la industria espacial.

Las nuevas industrias empleaban de forma intensiva el capital y eliminaban mano de obra no calificada (no así los técnicos y científicos) aunque esto recién pudo visualizarse en la década del 70. Para esos años, los países centrales se encontraban ya en condiciones para un impulso globalizador que permitiera liberar las potencialidades del incipiente paradigma productivo posfordista. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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