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14 de marzo de 2022 | Campo

Vaticinan un nuevo conflicto

Crece la tensión entre el gobierno y el campo

Durante el fin de semana subió, y cómo, la temperatura de la relación entre el gobierno nacional y el campo, a punto tal que no sería insensato pronosticar que un nuevo conflicto se aproxima.

La decisión del gobierno de cerrar el registro de nuevas exportaciones vinculadas a los subproductos de soja como la harina y el aceite encendió las alarmas de las corporaciones agrarias, que interpretaron que se trata del paso previo a una suba de retenciones.

Este domingo por la tarde, el ministerio de Agricultura difundió una comunicación dictada por la subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que clausuró la posibilidad de anotar nuevas exportaciones de la harina y del aceite de soja, el mayor producto de exportación.  

Ambos derivados pagan actualmente un 31 por ciento de retenciones. La lectura de las entidades agrarias es que el gobierno podría eliminar el diferencial histórico y subir ese tributo a 33 por ciento, lo que le aportaría un ingreso adicional de unos 400 millones de dólares, para llegar a un total de alrededor de  6.800 millones de dólares en retenciones a la soja. Por su parte, el poroto de soja paga el 33 por ciento, pero en este caso la exportación no está cerrada. 

El cierre del Registro de Declaraciones Juradas de Ventas de Exportación apunta a impedir que las aceiteras continúen inscribiendo negocios de exportación. Anualmente la Argentina produce unas 40 a 45 millones de toneladas de poroto de soja y exporta el 95 por ciento. De este total, unos 35 millones de toneladas se procesan en las fábricas locales y solo se exporta sin procesar entre 8 a 10 millones de toneladas anuales.

El complejo sojero acumuló el 30 por ciento de las exportaciones de este año y aportó unos 9.000 millones de dólares en retenciones.

Durante la semana pasada, el ministro Julián Domínguez negó enfáticamente cualquier suba de retenciones, pero en el sector agrario consideran difícil que pueda mantener su promesa. Para el trigo y del maíz se espera que la alícuota del  12 por ciento actual suba al 15, para lo que no precisaría aprobación del Congreso. La producción de estos productos de esas cosechas están prácticamente vendidas y solo quedan unas 700 mil toneladas de trigo para abastecer al mercado doméstico. 

Al respecto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció una serie de iniciativas para desacoplar los precios locales de los internacionales, para de este modo limitar el incremento de la inflación como consecuencia del aumento exponencial que tienen los alimentos en el mercado internacional como consecuencia de la guerra en Urania.   

“Nuestro gobierno entiende que, como país productor de alimentos, debemos cuidar que el aumento de los precios internacionales no presione más a los locales. Y sobre eso estamos trabajando”, aseguró Feletti en su cuenta de Twitter.

Pero las exportadoras poco se preocupan por el abastecimiento de la mesa de los argentinos, y salieron a responder a la sospecha de suba de retenciones dando por caídos todos los fideicomisos que armó Feletti para contener precios internos.

La explicación en off que dio el ministerio de Economía es que los incrementos en las retenciones se aplicarán a pagar los aumentos abruptos en los precios del gas y de la electricidad que motivó el conflicto bélico en Ucrania, reconociendo de este modo la decisión de eliminar el diferencial de retenciones a favor de los subproductos industriales de la soja. A consecuencia del acuerdo con el FMI, que votó a mano alzada la oposición, el gobierno necesitará hacer caja, cómo sea y dónde se pueda.

Frente a la señal oficial de incremento de las retenciones, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) reaccionaron de modo extemporáneo, y descalificaron la medida afirmando: “Es totalmente contraria al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial” del Gran Rosario, donde están instaladas principalmente las grandes fábricas que manufacturan la soja.

Así las cosas, es prácticamente inevitable un nuevo conflicto entre el gobierno nacional y el campo. Sólo resta esperar qué actitud tomará el FMI al respecto y si, como en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, avalará la suba de retenciones para que el estado argentino pueda hacer caja. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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Campo, Julián Domínguez, Alberto Fernández, Agro, Roberto Feletti

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