El Consenso de Washington

La adscripción a la denominada Escuela de Chicago o teoría monetarista se empezó a plasmar en la cosmovisión de las políticas económicas propiciadas por algunas naciones desarrolladas, en especial en Inglaterra, que siempre nostálgica del tiempo del liberalismo ortodoxo, fue uno de los pioneros que aplicaron las recetas monetaristas.

A partir de 1979, con el gobierno conservador de Margaret Thatcher se ponía en funcionamiento la política que luego adoptaría el nombre de neoliberalismo. Dos años más tarde, la administración republicana de Ronald Reagan hacía lo suyo en EE.UU. Igualmente existía un antecedente periférico en la implementación de esta política: Chile.

Ciertos círculos económicos intentaron formular un listado de medidas de política económica que constituían un programa único para la economía capitalista. Este conjunto de medidas tuvo como objetivo orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales a la hora de valorar los avances de éstos en materia de ortodoxia económica como base de su viabilidad crediticia.

Las coincidencias programáticas enumeradas son las siguientes:  

1) Disciplina presupuestaria, entendiendo por ello la eliminación del déficit presupuestario como mecanismo para solventar los gastos sociales y mantener “en forma ficticia” el pleno empleo.

2) Cambio en las prioridades del gasto público, para ello se consensuaba en la prioridad de las áreas rentables, dejando de lado todas aquellas subvenciones a los sectores considerados de baja productividad, por ejemplo ferrocarriles a lugares marginales, pero también esto apuntaba al sector educativo y de salud.

3) Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias, para ello, se eliminaba el sistema tributario progresivo que sólo afectaba a los sectores de más altos recursos, y se priorizaba impuestos que afectaran a todos los sectores sociales, por ejemplo, los bienes de consumo. También propendía a ampliar los impuestos a las ganancias a sectores de ingresos medios.

4) Apertura financiera y liberalización de los tipos de interés, destinado a generar condiciones de libertad en el flujo de capitales financieros y de dinero.

5) Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos, que facilitaran las transacciones financieras.

6) Liberalización comercial, reduciendo las barreras arancelarias, volviendo a un sistema de libertad absoluta en el flujo de importaciones y exportaciones.

7) Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, considerando a éstas como el mecanismo más idóneo de consolidar una economía internacional integrada y para el desarrollo de las economías nacionales.

8) Privatizaciones a partir de las cuales el estado deja de ser productor de bienes y servicios.

9) Desregulación de los mercados, eliminando todas las restricciones al intercambio mundial.

10) Garantía de los derechos de propiedad, base fundamental del sistema capitalista, para ello había que recrear un sistema jurídico que brinde seguridad a los propietarios de las empresas e inversores.

Estaba claro que la transformación más profunda estaba asociada con las funciones desempeñadas por el estado, transformando su incidencia en las relaciones de poder económico al modificar el balance preexistente entre los sectores público y privado en los mercados de bienes. En otras palabras, se abandonaba la modalidad de “economía mixta”.

Las razones proporcionadas para justificar este cambio, desde el punto de vista económico, fueron:

1) Aumentar la productividad media del trabajo en la economía.

2) Lograr la estabilidad de precios y un crecimiento sostenido de la producción per cápita de mercancías y servicios. 

3) Lograr el equilibrio constante de la balanza de pagos.

4) Fomentar la consolidación de un mercado de capitales y permitir el libre acceso de las empresas a los mercados internacionales, tanto de bienes como financieros. 

5) Restablecer el pleno funcionamiento del sistema de precios, eliminando las distorsiones que generaba el proteccionismo y la regulación de salarios.

El aumento de la productividad media del trabajo se habría de conseguir excluyendo al estado en la producción de bienes y, en una cierta medida, también, de la acumulación de capital. Otro elemento central consistía en la apertura de la economía, reduciendo los aranceles de importación y eliminando los impuestos a las exportaciones, los controles a los movimientos financieros y la intervención en el mercado de cambios.

Asimismo, este modelo propiciaba la remoción de las regulaciones existentes sobre algunas áreas de la producción y también, transfería al sector privado ciertas actividades cuya gestión económica no se basaban en el principio de la obtención del máximo beneficio. Éste es el caso donde existen monopolios naturales, pero también remite, por ejemplo, a los sistemas de retiro y pensiones, la salud, la educación, entre otros.

También se podían enmarcar en dichas actividades susceptibles de privatización las áreas vinculadas con el transporte público o con las comunicaciones. Es decir, todos aquellos sectores donde la economía clásica entendía que no existía competencia perfecta. En el caso particular de los salarios, el “libre juego entre demanda y oferta” debía lograrse mediante la anulación de la negociación de convenios colectivos de trabajo por rama o actividad.

La concentración de la riqueza y la exclusión social encontraban asi tierra fértil para desarrollar lo que vendría. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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