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22 de marzo de 2022 | Nacionales

Crisis interna

El desafío de romper

El Frente de Todos está a punto de volar por los aires. El cortocircuito es terminal. Para Alberto, Cristina y Máximo son “irracionales”. Para Cristina, en cambio, Alberto es un “cagón”. Y para Máximo, un “traidor”.

En el entorno del presidente lo animan a romper definitivamente con el cristinismo. Creen que el espacio de Cristina Fernández de Kirchner ha quedado reducido a una expresión “minoritaria y disolvente” de la política argentina, y que la fractura acercaría más voluntades de las que se perderían. Más aún, lo animan a provocar un gigantesco cambio para el año y medio final de su gobierno, expulsando a los funcionarios más próximos a Cristina y a Máximo

El desafío sería formidable, ya que el presidente debería reconstruir prácticamente toda la administración púbica, en el caso de que además de decidirse a hacerlo, encontrara los recursos humanos para intentar el recambio.

Ya que el albertismo nunca terminó de organizarse como articulación política, los reemplazos deberían ser –una vez más- “prestados” por otras fuerzas políticas. Sobre todo, por el massismo. El problema es que, en caso de contar con el visto bueno de Sergio Massa, habría que vaciar las administraciones de varios municipios y entes nacionales para realizarlos.

Si bien es cierto que hay figuras que son más emblemáticas, como Fernanda Raverta en ANSES, Luana Volnovich en el PAMI o Pablo Ceriani en Aerolíneas Argentinas, también es cierto que la mayoría de las segundas líneas de los organismos con más caja pertenecen al camporismo y además por el tan mentado loteo hay muchos funcionarios K que están designados en otras dependencias donde el número uno es fiel al presidente, pero ellos ejercen más poder.

La influencia y el poder de la organización que lidera Máximo Kirchner no quedaría afectada si Raverta o Volnovich dejan de controlar los dos organismos más cotizados en el Gobierno. Se han encargado de poner a gente propia en las gerencias más estratégicas para tener el control de todas las estructuras. No sólo debería irse el número dos del PAMI, Martín Rodríguez, por ser la pareja de la interventora, sino que además es el “hombre fuerte” de la obra social de los jubilados. Lo mismo sucede en ANSES.

Algo similar ocurre en el área vinculada al transporte aerocomercial. Ahí maneja todo el senador camporista Mariano Recalde y definió todos los nombramientos más estratégicos. No sólo puso a su hombre de confianza en Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, como gerente general. También nombró a referentes de la organización de Máximo como Verónica Muratore en Asuntos Corporativos y su mano derecha, Gustavo Lipovich, como director de Política Aérea, Desarrollo Nacional y Relaciones con Organismos.

Recalde y Lipovich manejan además dos organismos clave a través de militantes de la orga. Paola Tamburelli en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Fernando Muriel, vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). “Para sacar a La Cámpora del sector necesitás un ejército de gente que no sé si tiene disponible el albertismo”, comenta un integrante de unos de los gremios.

Ni hablar de la secretaría de Energía donde pesa más el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien el año pasado logró resistir el intento de despido del ministro de Economía, Martín Guzmán. Tiene más influencia que el neuquino Darío Martínez. El otro que exhibe predicamento e influencia es el titular del Ente Nacional del Gas, Federico Bernal. Todas los “ravioles”, como se suele decir en el estado, están ocupados por funcionarios que responden a Cristina y a Máximo.

En YPF, si bien el gerenciamiento es más profesional, el camporismo logró ocupar gente propia en dos lugares con manejo de caja. En la vicepresidencia de Asuntos Corporativos, Comunicaciones y Marketing, está Santiago “Patucho” Álvarez, amigo de Máximo y ex interventor de Télam en la anterior administración K. Y la gerencia de Asuntos Institucionales y Públicos de la empresa petrolera está a cargo de Santiago Carreras, miembro fundador de La Cámpora y ex senador provincial. Ambos manejan presupuestos multimillonarios.

Mientras tanto, en el ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zavaleta, el escenario es complicado. Heredó de su antecesor Daniel Arroyo un loteo en toda la estructura. Sigue vigente la influencia de Laura Alonso en la secretaría de Inclusión Social. Y encima conviven funcionarios que provienen de organizaciones sociales enfrentadas. El Movimiento Evita contra la CTEP de Juan Grabois. Este personaje polémico que sigue alineado a CFK tienen tres funcionarios: Fernanda Miño, secretaria de Integración Sociourbana; Fernanda Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras; y Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras.

Otro de los misterios es si el presidente se animará separar de sus cargos en la cartera de Justicia al ex abogado de Cristina, Ricardo Nissen, actualmente en la Inspección General de Justicia; al propio viceministro, Juan Martín Mena; y a la polémica militante de la organización de Grabois, Gabriela Capinetti; quien pernoctó en la toma del campo de la familia Etchevehere. La misma intriga va para el camporista Horacio Pietragalla en la secretaría de Derechos Humanos. o la directora de Investigación de la Desaparición de Niños y Niñas como consecuencia del Accionar del Terrorismo de Estado, Claudia Carlotto, hija de la presidenta de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo.

También hay casos con menos visibilidad como el jefe de la Unidad Ejecutora de Evaluación de la Políticas Públicas de la Cancillería, Martín Granovsky, casi un “comisario político”. En la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ocupa la vicepresidencia Juan Debandi, ex candidato a intendente de Tres de Febrero. Este camporista tiene más poder que el número uno del organismo, el ex sciolista Martín Cosentino, avalado actualmente por Santiago Cafiero. Vanesa Piesciorovsky ocupa uno de los cargos más estratégicos como la presidencia del Correo a pedido de Cristina y Máximo. Un caso similar es José Beni interventor de la Administración General de Puertos. Dos cajas apetecibles para la política. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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