Preocupación en CONADUV y AP por la permanente malversación de fondos viales

Desde el CONADUV y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) informamos al gobierno nacional, a los gobernadores, a los legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales, que sólo el impuesto a los combustibles recauda más de 145 mil millones de pesos anuales. Administrando correctamente, dicho dinero y reasignándolo en forma efectiva como corresponde, se podría implementar inmediatamente un verdadero proyecto vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los cuantiosos aportes que con gran esfuerzo realizan los usuarios viales y el sector de la producción a través del impuesto a los combustibles, son destinados a otras finalidades del estado, haciendo vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.

En el país no se ha elaborado un plan coherente para la ampliación, mejora y conservación de la red vial, siendo que con el aumento de la actividad económica comercial, las necesidades de transporte,  por ende la circulación vehicular, se han incrementado superlativamente en los últimos años.

La carencia de caminos adecuados es una de las principales causas de los graves accidentes y siniestros viales que se producen a diario, con la pérdida de vidas humanas y serias secuelas, tanto psicológicas como físicas, para muchas personas. Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red caminera en perfecto estado de transitabilidad. La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: educación, control e infraestructura. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos. 

Otro problema que se genera por la falta de métodos adecuados de financiamiento vial como de una política seria de infraestructura, son los mayores costos en el traslado de las mercaderías a los distintos destinos de consumo, embarque, industrialización, entre otros.

La urgente necesidad de la conformación de una Comisión de Seguimiento en el ámbito del Congreso Nacional para el control principalmente del impuesto a los combustibles, se estima indispensable para que el estado canalice correctamente los mismos. Por tal motivo el CONADUV y la AP reiteran su propuesta de:

Poner en práctica un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, tanto nacional como provincial, libre de peaje, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del impuesto a los combustibles. Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios.

Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del estado Nacional.

Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el organismo rector de la política vial nacional y provincial.

Disolver las empresas concesionarias “públicas” sumamente costosas, burocráticas, innecesarias y sin estructura alguna, tales como Corredores Viales S.A. a nivel nacional, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la provincia de Buenos Aires, Caminos de las Sierras S.A. en Córdoba, AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El CONADUV y la AP son conscientes de las necesidades del estado, pero también creen importante que los fondos en cuestión sean correctamente administrados. A quienes gobiernan se les solicita coraje, voluntad y decisión política para ponerle punto final a la estafa vial que se padece desde los años 90. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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