Bono contra la inflación: Los empresarios se resisten y el gobierno mira para otro lado

El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la idea consiste en "trabajar todos en la misma dirección", alineando las expectativas de inflación con los salarios, para evitar una estampida de los precios.

A la hora de las declaraciones formales, todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de la gente y bajar las expectativas inflacionarias, y así lo refrendaron en un documento que llevó la firma de Guzmán, Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Daniel Funes de Rioja y Diego Coatz (presidente y director ejecutivo de la UIA, respectivamente), y Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez (CGT).

Sin embargo, el acuerdo sobre los lineamientos generales rápidamente colapsó cuando los  sindicalistas comunicaron la solicitud de pago de un bono a estatales y privados, “por única vez”.  El entendimiento “virtuoso” que propone un gobierno destartalado encontró su límite inmediatamente: los empresarios no quieren saber nada con ese pago adicional.

La propuesta sindical plantea tomar como modelo el pago único de 6 mil pesos que el gobierno anunció para los jubilados. Y si bien no se planteó una cifra concreta, la expectativa es que gire alrededor de los 10 mil pesos.

"Puede ser de 10 mil pesos o menos, no está establecido. Pero sí está claro que la idea es establecer un monto”, plantearon los gremialistas, caracterizados por su muy escaso grado de combatividad. Inmediatamente el presidente de la UIA salió a dinamitar el diálogo: "No hay chances”, enfatizó.

La divergencia entre sindicalistas y empresarios se extendió al gobierno, donde existen posiciones divergentes al respecto. El delegado del FMI a cargo del ministerio de Economía, Martín Guzmán, se opone taxativamente a esta opción, ya que en el caso de los empleados estatales implicaría un gasto extra para el gobierno que violaría lo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La misma posición sostuvo –aunque sin éxito- al negarse a realizar un pago extra de 6 mil pesos a los jubilados.

Posición similar mantienen Moroni y Kulfas, delegados de las corporaciones económicas y financieras a cargo de los ministerios de la Producción y de Trabajo. En cambio, el ala política del gobierno se inclina por la posición de que "algo hay que hacer" para poner más dinero en el bolsillo de la gente y que "hay que dar señales claras para el fortalececimiento de los ingresos".

En caso de que triunfara esta última posición, Alberto Fernández debería firmar un decreto similar al de enero de 2020, cuando se aprobó un bono de 4 mil pesos para los trabajadores, aunque la mayoría no lo recibió.

Por esta razón, la reunión inicial de la tríada gobierno, UIA y CGTE dejó sabor a muy poco. Apenas sí se pudo firmar una declaración general, sin contenido concreto, ya que no incluyó ninguna medida práctica para implementar. Sólo se explicita que "las partes coinciden en la necesidad de fortalecer la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores". Pero ni los empresarios ni el ala económica del gobierno quieren poner un centavo.

La pregunta de fondo es si un gobierno debilitado, desprestigiado y vacilante está en condiciones de arbitrar una negociación de este tipo, de la que también es parte como empleador. Más aún cuando los negociadores oficiales representan intereses que los ubican en la vereda contraria de los trabajadores.

Todo parece indicar que esta será una nueva versión de la “Mesa del Hambre” y que, como aquella, está condenada al fracaso. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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