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4 de abril de 2022 | Opinión

Trabajo

Si se sigue por este rumbo, se acentuarán las expresiones de rechazo

La urgencia de terminar con el hambre y con la pobreza ha desaparecido de la agenda gubernamental. Un aspecto elocuente fue el encuentro al que se nos convocó para hacernos conocer las pautas y prioridades de acción del Consejo Económico Social que se realizó en el CCK el pasado martes 29 de marzo: Desterrar la pobreza no estaba como prioridad.

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por:
Hugo "Cachorro" Godoy

Si uno revisa los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, la pobreza solamente figura como un tema secundario “a abordar” desde planes asistencialistas, cuando es evidente que el problema de la pobreza tiene que ver con el modelo económico, dominantemente exportador y extractivista, y con la desocupación y la injusta distribución de la riqueza. Estas cuestiones no se van a resolverse con planes asistencialistas, sino con el desarrollo de la industria nacional, con el fortalecimiento del mercado interno, y con la generación de empleo digno y de un incremento en los ingresos de las y los trabajadores activos y jubilados.

Una de las respuestas por parte del gobierno a esta situación fueron los índices difundidos en estos días por el INDEC que dicen que, a diciembre del año pasado, la pobreza disminuyó al 37 por ciento, o sea casi 4 puntos porcentuales menos de los valores a los que había llegado al final del primer año de la pandemia. Sin embargo, la respuesta a este anuncio debería ser, en primer lugar, que el punto de partida es el punto más alto de pobreza tras cuatro años del gobierno neoliberal de Macri y un año de pandemia en la Argentina; en segundo lugar que para establecer esos índices se midió la pobreza por ingresos sin tener en cuenta que los programas sociales, entre ellos la Tarjeta Alimentar, son mecanismos establecidos en la emergencia que no generan modificación de las condiciones sociales y de vida en general; y en tercer lugar, que esos supuestos avances en los índices de pobreza seguramente ya se han retraído –o incluso empeorado- tras la fuerte inflación, sobre todo en alimentos, del primer trimestre de este año.

Por lo tanto, lo que se requiere es avanzar en medidas de shock y cambios estructurales que puedan modificar el sistema de ingresos en la Argentina que, evidentemente, el año pasado no se modificaron sustancialmente. La mejor demostración de eso es que se incrementó el Producto Bruto Interno en un 10 por ciento, pero los niveles de desocupación y de pobreza siguen estando en un nivel sumamente alto, mientras que la ocupación se encuentra con altísimos niveles de precariedad.

La reducción de la pobreza lograda en el último trimestre del año pasado se consiguió concretamente porque después del resultado de las Primarias de agosto se arbitraron medidas fuertes y específicas de redistribución de ingresos para acompañar al crecimiento del PBI, pero esas medidas fueron dejadas de lado tras las elecciones de octubre y hacia fin de año. Fueron medidas puntuales de redistribución aplicadas por el gobierno en esos meses que dejaron de aplicarse posteriormente. Si no hay medidas de shock de intervención estatal que garanticen mecanismos rápidos de redistribución de ingresos y que sostengan el crecimiento productivo, es evidente que estos índices alentadores –aunque todavía limitados- que informó el INDEC quedarán congelados y seguiremos transitando una realidad donde tres de cada cuatro trabajadores con empleo inscripto, que son aproximadamente el 50 por ciento de la población económicamente activa, tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Mientras tanto, el otro 50 de la población económicamente activa, se encuentra en condiciones de pobreza en su inmensa mayoría.

Esto solamente se revertirá con medidas de shock que hagan eje en la generación de empleo, en el aumento de salarios y en políticas de ingreso que garanticen un piso de dignidad para terminar con el hambre de los 4 millones y medio de hombres, mujeres y niños que lo padecen en nuestra Patria y que viven en condiciones de indigencia. De no ser así, en la realidad política y social de nuestro país se acentuarán las expresiones de rechazo de nuestro pueblo, como las de las elecciones del año pasado en las que el Frente de Todos perdió el apoyo a la dirección de las políticas económicas y sociales de 5 millones de personas en las PASO, de las cuales 4,1 millones volvieron a hacerlo en las elecciones de octubre.

Esas expresiones de rechazo se empezaron a manifestar con las movilizaciones contra el acuerdo con el FMI y con los acampes durante el transcurso de esta semana. Son expresiones de nuestro pueblo que demuestran que este no es el rumbo, sino que se debe cumplir a rajatabla con las expectativas expresadas en las elecciones del 2019, cuando se le dijo basta a las políticas económicas neoliberales dictadas por el FMI.

 

(*) Hugo "Cachorro" Godoy es secretario general de ATE Nacional.


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