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En lo que se configuró como una verdadera guerra de operaciones judiciales de uno y otro lado de la grieta política, una danza de nombres, entre los que figuran “Pepe” Albistur y un importante publicista de Mauricio Macri, parecieran condenar la investigación al fracaso.
Durante los últimos días, distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amanecieron con afiches contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. En los mismos, se acusa a la dirigente de ser la “culpable de 35 mil muertes”, tras su supuesta alianza con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Si bien los afiches llegan en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la acusación a CFK tendría que ver con las muertes por coronavirus que se produjeron en el país tras haber privilegiado la compra de vacunas Sputnik por sobre las que producían otros laboratorios, como Pfizer o Moderna.
Los afiches tenían, además, un código QR que remitía al sitio cristinauta.org, en el que se leía una leyenda que supuestamente apoyaba al presidente Alberto Fernández. “La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo. Alberto Fernández conducción. Argentina unida”, rezaba la página web.
Inmediatamente, la División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público inició una investigación que en pocas horas produjo resultados. De acuerdo a lo investigado, un empleado jerárquico de la imprenta ViaGraphic llamado Francisco Serrano trajo un importante encargo de carteles, sin explicitar quién fue el cliente que los pidió.
Los mismos se imprimieron en ViaGraphic, una empresa de Lanús, tal y como lo admitió ante el fiscal Gómez Barbella el propio dueño de la imprenta, Julio César Franchino, aportando como prueba los mails en los que se observa que, efectivamente, Serrano formuló el encargo.
Los mismos, una vez impresos, fueron a parar el sábado 26 de marzo al galpón de Darío Méndez, un hombre que se dedica a organizar grupos de jóvenes dedicados a pegar carteles y afiches en la vía pública. Si bien Méndez no tiene afiliación política conocida y trabajó en numerosas campañas electorales desde finales de los 80, su hijo Cristian fue candidato a concejal en Morón por un partido vecinalista que formó parte de Juntos por el Cambio.
De acuerdo a las declaraciones de Darío Méndez, su hijo Cristian habría recibido 90 mil pesos de Serrano para hacer la pegatina, durante varias noches, en el casco céntrico de Capital Federal. Luego de algunas deliberaciones por lo impactante del contenido de los carteles, se decidió avanzar con la operación, pero en un volumen más acotado.
La Justicia inició dos causas en simultáneo. Por un lado, el ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asegura que Méndez fue el que encargó los carteles y dado que en su domicilio se encontró ploteos y afiches con las caras del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de la vicegobernadora Verónica Magario y del gobernador Axel Kicillof, se tejió la teoría de un “trabajo interno”, en el que los propios dirigentes del kirchnerismo encargaron una campaña sucia para atacar a Cristina. Esta teoría se vio avalada por declaraciones del propio Méndez, quien aseguró que a Serrano lo conocía de la época en la que éste trabajaba en la agencia Wall Street, propiedad Enrique Albistur, marido de la diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.
Por otro lado, el juez criminal nacional Manuel De Campos ordenó la detención de Serrano, quien se fugó de su domicilio pero comunicó a través de allegados que se presentaría a declarar ante la Justicia. Según se adelantó desde su entorno cercano, Serrano declararía que los carteles se imprimieron y pegaron por pedido de un publicista de Juntos por el Cambio, llamado Valentín Bueno, propietario de la agencia LatCom. Esta hipótesis, además, fue avalada por el propio Albistur, quien se presentó como denunciante en la causa.
Vale destacar que Valentín Bueno fue uno de los mayores beneficiados por el reparto de las contrataciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Su empresa LatCom Latin América Comunication fue investigada por la Auditoría General de la Nación por quedarse con el 40 por ciento del gasto total en publicidad oficial para vía pública, por algo más de 118 millones.
Durante los allanamientos pedidos por el fiscal Leonel Gómez Barbella y ordenados por el juez Manuel De Campos se secuestraron computadoras y cámaras que registran los ingresos y egresos de ViaGraphic. Además, se imputaron a cinco personas en la causa, entre ellos al ex candidato a concejal de Morón, Cristian Méndez.
Algunas de las pistas que sigue la Justicia parecieran terminar en la nada misma. Una investigación basada en la patente de la camioneta Fiat Fiorino utilizada por los hombres que pegaron los carteles muestra que su titular es la empresa Geovias SA, una compañía dedicada al alquiler de automóviles sin chofer.
Por otro lado, la mirada se posó una vez más en el titular de Vía Graphic, Julio César Franchino. En los papeles, Franchino figura actualmente como director suplente, mientras que el presidente de la compañía es Gustavo Daniel Dell Arciprete, quien fue gerente de Ventas Corporativas en Claro Argentina, trabajó en una empresa llamada Coord Negocios Corporativos, es socio gerente de Las Cinco SRL en Santa Fe y fue titular de Admira SA, otra empresa de cartelería en la vía pública.
Casualmente, Franchino es un acérrimo militante radical, que apoya públicamente la candidatura de Gustavo Posse a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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