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6 de abril de 2022 | Nacionales

Malhumor social

Piquetes y planes sociales, en la mira del arco político de cara a las presidenciales

Durante semanas las noticias procedentes de la coalición Juntos por el Cambio pasaron casi constantemente por las rencillas y conflictos internos dentro del Pro, o entre el Pro y la UCR. Pero el reciente acampe en la 9 de Julio generó una reacción condenatoria generalizada, aunque no desprovista de matices por cierto.

De este modo, mientras que Horacio Rodríguez Larreta exigió que el gobierno nacional les quite los planes a quienes cortan las calles, Patricia Bullrich fue aún más drástica y exigió “sacarles los planes a todos para que la gente pueda volver a pensar que su salida es el empleo, el trabajo, el estudio”. Del lado de la UCR, Gerardo Morales mostró aún mayor dureza y afirmó que “una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales son unos delincuentes porque le sacan la plata a la gente” y reclamó que quienes “toman asistencia a las marchas deben estar presos”.

La coincidencia entre Larreta, Bullrich y Morales está en sintonía con el malestar que los cortes e interrupciones a la circulación provocan en el electorado argentino, aunque tras la condena cada uno propuso soluciones coherentes con sus estilos políticos. Más moderado en el caso del alcalde porteño, y mucho más confrontativo en los otros casos. Pero, de todos modos, la acción de la policía porteña fue mucho menos tolerante en el último corte de la 9 de Julio que en el pasado, acompasándose con el creciente malhumor social.

Pero ese malestar social no sólo fue interpretado por la oposición. También el gobierno nacional tomó nota y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, fue inflexible al momento de criticar el acampe y negarse a recibir a los manifestantes mientras ocuparan las calles. “No hace falta cortar calles para hablar con el ministro. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Los argentinos no se lo merecen”, afirmó.

Ante la agresiva respuesta de los piqueteros de izquierda, Zabaleta insistió en que “no hay que cortar las calles” y afirmó que “el camino no es amenazar”, cuando los referentes aseguraron que, en caso de no recibir respuestas a sus demandas, organizarían un campamento de 50 mil personas en la CABA.

Más enfático, Rodríguez Larreta reclamó que “el gobierno nacional haga cumplir la ley”, y aseguró que “desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme”.

“Lo que pasó acá fue una extorsión: usan a la gente, la traen en colectivo extorsionada porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres, son unos cobardes”. Y exigió a Zabaleta que “les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”.

La crítica del jefe de Gobierno porteño apuntó a la explícita relación que el gobierno nacional mantiene desde sus inicios con algunas organizaciones piqueteras, y aseguró que el acampe en la 9 de Julio fue el producto de una interna entre ellas. La medida “no concurrió de forma espontánea”, afirmó, y lamentó que “en vez de que el estado maneje los planes, los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tienen que estar en la escuela, no acampando”.

Patricia Bullrich, por su parte, sentenció: “Estos planes sociales sólo han traído pobreza y no van más”. Y agregó que “la gente cobra un plan social y cada vez es más pobre, cada vez está menos educada, cada vez está más aislada y cada vez vive peor: quedó demostrado, durante más de veinte años que ha sido un mecanismo más de clientelismo que de una verdadera política social”. Y subrayó que, en caso de llegar a la presidencia, “la verdadera política social va a ser el empleo”.

Por su parte, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, reclamó: "Tenemos que terminar con los cortes y las extorsiones porque hay una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales que son unos delincuentes, que le sacan la plata a la gente”.

Y a continuación sacó chapa con la estrategia que aplicó en su provincia. ”En Jujuy, recuperamos la paz y le devolvimos ciudadanía a los jujeños, tuvimos que meter presos a los corruptos. Parar esos acampes que se hacen ellos a ellos mismos porque hay muchas organizaciones sociales que son ejemplares, pero hay una gran mayoría de los dirigentes de esas organizaciones sociales que son unos delincuentes, que son los que de noche le toman asistencia a las mujeres que van con las criaturas para que vayan las marchas”.

E indicó: "Veía imágenes de cómo jugaban chiquitos en medio de las carpas, los obligan a estar en el frío, porque sino les quitan el plan. Esa es la peor extorsión y el peor de los delitos“. Finalmente postuló que “hay que recuperar el orden democrático, hay que garantizar derechos a todos, garantizar el derecho a la protesta, pero también al que quiere a trabajar, al que quiere ir a la escuela”.

El otro socio de la coalición opositora, la Coalición Cívica, también condenó lo sucedido a través del legislador porteño Hernán Reyes, quien denunció que “el Movimiento Evita está de los dos lados del mostrador: da y recibe cientos de miles de planes sin control ni transparencia”. Y enfatizó que “el sistema actual no va más”.

Tanto desde el “albertismo” como de la oposición se extendió la condena ante el accionar piquetero. Sin embargo, durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri los planes sociales no dejaron de incrementarse. Queda claro que la condena social, a un año de las elecciones presidenciales, se siente con mayor intensidad. 

Finalmente, como resulta obvio, pese a las declaraciones y condenas, todavía nadie se ha animado a ponerle el cascabel al gato. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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