Mientras despilfarra fondos, Gómez Alcorta evita cumplir con una reparación económica por femicidio

2007, zona norte del Gran Buenos Aires. Un padre mató a su mujer, en presencia de los cuatro hijos del matrimonio, una de ellas con tan solo seis meses de edad. El hombre fue condenado a cadena perpetua y reclusión con tiempo indeterminado; hoy atraviesa sus días en una cárcel de máxima seguridad. Mientras tanto, los huérfanos quedaron al resguardo de su abuela, a quien insólitamente el juzgado de Menores le otorgó la tutoría de su nieta menor después de cuatro años del femicidio, por lo que durante ese tiempo no pudo cobrar el salario familiar.

Con quince años, la hija menor del matrimonio se recibió de profesora nacional de danzas y su hermano, de dieciocho, comenzó a estudiar la carrera de arquitectura. Ambos conviven con su abuela, a diferencia de sus hermanos mayores que son padres de familia y les corresponde la reparación económica para hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima, sancionada en 2019 a través de la ley Brisa (27.452).

Este beneficio, que busca reparar la inacción del estado ante un hombre en condiciones de matar a una mujer dado que tenía antecedentes policiales al momento del crimen, comenzaron a percibirlo hace un año y medio. No obstante, la abuela bajo el patrocinio de su abogado Juan Carlos Bonvicini, especialista en derecho de familia, reclama que les corresponde cobrarlo a partir del femicidio y no desde la promulgación de la normativa.

Así lo defendió el letrado en diálogo con REALPOLITIK: “Las leyes no pueden ser retroactivas a menos que se contemple en el texto, excepción que sí se aclara en la 27.452; sin embargo el ministerio de las Mujeres paga a partir de la sanción de la ley Brisa”. De este modo, al haber más de diez años de diferencia entre ambos momentos, la querella realizó un amparo en la Justicia Federal, el cual fue apelado por la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

“Luego acudimos a la Cámara Nacional Contenciosa Administrativa que nos dio la razón y ordenó hacer efectivo el pago de las reparaciones. Pero la SENAF remarcó que lo va a cumplir en el 2024, tras establecerlo en el presupuesto 2023”, indicó Bonvicini.

Finalmente, el doctor, a la espera que se haga justicia, reclamó que los “huérfanos son el sustento de su empleo” en referencia a la cartera que conduce la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, contrariado por las prioridades que destina el ministerio en las licitaciones millonaria de caterings, servicios de limpieza, percheros, remodelación de oficinas e incluso vehículos cero kilómetro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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