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12 de mayo de 2022 | Gremiales

Patota sindical

Duro revés judicial para los gremialistas que organizan bloqueos en las clínicas privadas

Tras el cierre de una clínica privada en Chascomús, que no habría podido sostener la actividad tras las maniobras sindicales, la Justicia dio curso a nuevas denuncias por extorsión e instigación violenta. Dos líderes opositores de ATSA en la mira.

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Los reclamos de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires parecieran haber encontrado eco en los pasillos de la Justicia. Mientras la cuarta ola de COVID-19 se desenvuelve en el territorio bonaerense, numerosos nosocomios continúan siendo bloqueados por grupos sindicales en el marco de reclamos gremiales.

Al respecto, uno de los abogados que actualmente representa a una clínica bonaerense, que solicitó anonimato por temor a represalias, aseguró que “se ha visto un claro compromiso del poder judicial con el fin de erradicar las prácticas beligerantes de los distintos sindicatos”.

Ciertamente, los bloqueos provocaron un duro traspié para los sindicalistas. Los propietarios de los nosocomios privados se unieron con el fin de luchar, a través de reclamos judiciales, contra la violencia de las medidas. Al respecto, los propios trabajadores de las clínicas se manifestaron a través de las redes sociales asegurando que “los bloqueos están llevando a las clínicas a la quiebra, y si eso sucede nos vamos a quedar todos sin trabajo”.

Quien tomó protagonismo en las últimas horas fue Florencia Arietto, quien además de presentar pedidos ante la Justicia, manifestó a través de sus redes que “la mafia sindical amenaza con sus matones”, y pidió que los trabajadores resistan y acompañen las medidas judiciales. Fue justamente a través de su intervención que, en durante el transcurso de la semana pasada, fueron denunciados miembros del gremio de Sanidad bonaerense por los supuestos delitos de extorsión y el bloqueo de instituciones sanatoriales, turbación de la propiedad, instigación violenta a plegarse a huelgas y falsedad ideológica de supuestas actas de asambleas.

Fueron justamente estos hechos, por los que habrían sido señalados los dirigentes gremiales Luis Angles y Leandro Pascual, los que llevaron al cierre a la única institución sanatorial privada de Chascomús. Al respecto, las actuaciones judiciales son llevadas actualmente adelante por el juzgado federal del departamento judicial de Dolores. Tras el pedido de inmediata detención por parte del fiscal actuante, ahora los gremialistas se encontrarían a la espera de una definición del juez subrogante que entiende en la causa. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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