Aseguran que es “improcedente” que Alberto Fernández cierre la causa del OlivosGate con dinero

La pareja presidencial, conformada por Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, pareciera no terminar de recuperarse del escándalo conocido como OlivosGate. El fantasma de las fiestas que llevó adelante la primera dama en plena cuarentena pareciera negarse a quedar atrás.

Mientras la mayoría de los participantes de las denostadas reuniones ofrecieron una compensación económica por haber asistido y la Justicia las aceptó, la misma iniciativa pareciera no ser viable para el primer mandatario y su esposa, o al menos así lo entiende una gran cantidad de abogados que pusieron el grito en el cielo tras las últimas novedades.

Horas atrás, el juez Lino Mirabelli, quien entiende en la causa, aceptó el pago de 1.6 millones de pesos por parte de Alberto Fernández y otros 1.5 por parte de Yáñez. La iniciativa, si bien aún resta la rúbrica del acuerdo, tendría además el apoyo de la fiscalía.

Desde la Fundación Apolo, su apoderado Yamil Santoro aseguró que “el presidente es un funcionario público, de forma tal que no debiera donar dinero como forma de compensación por el hecho”. En efecto, abogados que investigan el caso aseguraron que “la reparación integral no debiera ser una opción” en este caso.

Santoro pidió ser reconocido como querellante en la causa, y ya le exigió al juez Mirabelli que no la dé por cerrada. “Alberto Fernández se está acogiendo a una prerrogativa que tiene la Justicia de aceptar una reparación integral. Esto es procedente cuando hay una víctima en particular y se le ha producido algún daño en específico. Acá hay un funcionario público incumpliendo una normativa, por lo que no sería procedente esta herramienta”, aseguró.

En efecto, el presidente vulneró su propio decreto y dejó en evidencia una truculenta trama en la que creaba elaborados discursos televisivos amenazando con “ir personalmente a meter preso” a quien incumpla la cuarentena, mientras que al mismo tiempo desobedecía sus propias órdenes en el ámbito privado.

“La Justicia le está dando una solución a medida, para zafar de la situación. Es patético que se le habilite un atajo para evitar una condena, por algo que él mismo ha admitido como un delito”, aseguró Santoro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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