Por una movida de la empresa estatal COVIARA, desalojarán un club social de más de 50 años

La historia del terreno en el que hoy está emplazado el Club Universitario de Berisso se inició en los albores de la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, cuando el predio fue cedido a COVIARA, una desarrolladora perteneciente al ministerio de Defensa de la Nación que continúa en actividad al día de hoy.

Allí, COVIARA debía gestionar la construcción de viviendas para trabajadores del ex hospital Naval y Astilleros, además de una escuela naval. Sin embargo, y a pesar de que el proyecto fue presentado y aprobado casi una década después de la gestión de Onganía, un particular que vivía frente a los terrenos impidió que ingresaran las máquinas para llevar adelante los movimientos de suelos.

Al no encontrar una solución adecuada para el conflicto y, teniendo en cuenta que además existía una restricción para la futura bajada de la autopista, COVIARA dejó el predio librado a su suerte. Poco tiempo después, los vecinos de Berisso comenzaron a desmalezar el lugar y a crear allí los cimientos del Club Universitario de Berisso, que recién lograría su personería jurídica en 1988.

Desde su nacimiento, el club ofreció un espacio para los más chicos, en el que se reunían para jugar al fútbol. Poco a poco, el sentimiento de pertenencia se fue extendiendo entre todos los vecinos de Berisso, y hoy hay personas de más de 50 años que se reúnen a diario para despuntar el vicio.

A pesar del enorme rol deportivo y social que cumple la institución, sus propios directivos admiten no tener la titularidad de las tierras y sólo contar con una autorización informal. Desde el punto de vista legal, el Club Universitario de Berisso se encuentra en una situación de desventaja. De acuerdo a lo que sus socios confiaron a REALPOLITIK, COVIARA habría vendido el predio a una empresa privada dedicada al desarrollo inmobiliario.

Dado que las tierras se encuentran ocupadas por el club, los nuevos propietarios del lugar apelaron a la Justicia y, en las últimas horas, Adolfo Ziulu, titular del juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, ordenó su desalojo en un lapso máximo de ocho meses. De este modo, y a través de un negocio económico llevado adelante por una empresa del ministerio de Defensa de la Nación, un club de marcadas raíces sociales se verá condenado a la desaparición. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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