Debate por la ley de Salud Mental: “Hoy la mayoría de los hospitales generales rechazan pacientes”

El actual vicepresidente del sistema integrado de salud pública de Tandil se refirió a la ley de Salud Mental que se sancionó en el 2010 y fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. “La ley lo que viene a plantear es cómo debería funcionar el sistema de salud en materia de salud mental para garantizar ciertos derechos que hasta ese momento, y podríamos decir lamentablemente aún hoy, siguen sin estar garantizados”.  

“Lo que objetamos es su no aplicación, que después de once años sigan pasando situaciones donde hay personas que necesitan una atención, ya sea primaria, un tratamiento ambulatorio y, sobre todo, casos más complejos que se mediatizaron en los últimos días, situaciones de urgencia en donde se requiere una internación urgente”, enfatizó. 

Ante esas situaciones críticas, Grasso expresó que “la ley plantea que tanto las guardias de los hospitales generales como la parte de internación deben estar disponibles para que una persona en esa situación pueda ser internada. Para eso tiene que haber profesionales capacitados en la guardia y mejor aún si son especialistas en salud mental”. 

En relación al tan controvertido artículo 20 de la ley especificó: “Lo que dice es que cuando se hace una evaluación de una persona que está en un momento de crisis, ya sea intoxicación por adicciones, intento de suicidio, una descompensación, y si el profesional evalúa que esa persona está en riesgo y requiere una internación la puede hacer preferentemente con la voluntad del paciente. Pero si el paciente está consciente y no está de acuerdo o no está con la capacidad de razonamiento para decidir, se puede hacer de manera involuntaria, y eso es legal. Lo que pasa que en la práctica eso no sucede, no se cumple”, subrayó. 

El ex director nacional de Salud Mental y Adicciones del ministerio de Salud de la Nación, planteó: “La objeción es que en la práctica en la mayoría de los hospitales no pasa lo que debería pasar. Hay gente que no está haciendo lo que tiene que hacer. Es tiempo de decir las cosas como son porque el riesgo que vemos es que se está por empezar un nuevo proceso de análisis de la ley, de posibilidad de modificación. Once años en retraso llevamos, y ahora vamos a iniciar un proceso de modificación de la ley, mientras tanto los 'Chanos' van a seguir ocurriendo”, sostuvo.  

ERROR DE DIAGNÓSTICO 

“Hay un error de diagnóstico”, aseguró Grasso, y continuó: “Si uno lee el capítulo 20 es bastante sencillo, lo que pasa es que debería haber una política pública que defina con claridad el procedimiento. A los familiares, que no les digan que no pueden internar a sus hijos si no prestan consentimiento. Una cosa es internar a alguien contra su voluntad solamente porque un familiar quiere, es importante marcar la diferencia. Quien debe definir que esa persona realmente requiere una internación aún contra su voluntad es el profesional tratante”, observó. 

“No puede ser que haya profesionales que le digan a los familiares: 'no lo puedo internar si la persona no quiere, porque la ley no me lo permite', porque eso es absolutamente falso. Ahí estamos hablando de mala praxis, hay que decir las cosas como son”, afirmó 

Grasso, en este sentido, manifestó que “no hubo una decisión política clara en generar todos los procesos de cambio para implementar la ley”. Y añadió: “Es una ley que como otras tantas no viene a legalizar lo que sucede en la práctica, sino que marca un norte de cómo deberían funcionar las cosas. Se debería haber bajado línea a los directores de los hospitales para decirles 'a partir de ahora no pueden rechazar más a un paciente de salud mental como venía sucediendo', y esas decisiones no se dieron. De hecho hoy, la mayoría de los hospitales generales rechazan pacientes. La letra es clara y la mayoría de los profesionales saben que deben hacer eso”, reiteró.

“EN TANDIL, EL 70 POR CIENTO DE LAS INTERNACIONES SON INVOLUNTARIAS”

El ex concejal de Tandil, que actualmente trabaja en el área de salud, graficó lo que sucede en el municipio: “Hoy en Tandil llega alguien a la guardia, se lo evalúa y si necesita una internación se interna contra su voluntad. De hecho, la mayoría de las internaciones, por como se presentan, son involuntarias. En Tandil, el 70 por ciento de nuestras internaciones son involuntarias porque en general pasa que el paciente en ese momento o no puede decidir o puede decidir y no quiere internarse”. 

Grasso comentó que en sus años de experiencia no conoció un solo caso en el que se haya judicializado en contra del profesional en una internación de un hospital general. “La ley es muy clara, dice que se tiene que justificar la internación, que hay que presentar un informe a posteriori. Si uno como profesional justifica que evaluó y encontró riesgos porque el paciente presentaba tal o cual sintomatología está avalado”. 

“Hay dos problemas hoy en salud mental, las personas que no tienen atención en los lugares donde deberían, que son los centros de salud y los hospitales generales, y el otro extremo son las personas que están viviendo en hospitales psiquiátricos privadas de su libertad en un modelo de atención que ya el mundo consensuó que no es el que debe funcionar”, evidenció. 

“La ley dice que los hospitales psiquiátricos existentes deben cerrar, es decir, las personas que se encontraban allí deben ser externadas, darles un tratamiento en la comunidad. Eso lo anunció el gobernador, hasta el momento no hemos visto ninguna acción concreta que vaya en esa línea”, indicó. 

Para cerrar, Grasso reveló: “Esto viene de una historia donde el manicomio o el hospital psiquiátrico, siempre resolvió las situaciones que los hospitales generales se negaron a resolver. El hospital general históricamente se encargó de la mayoría de los problemas de salud, menos el de salud mental”. 

Y concluyó: “El hospital psiquiátrico es un tipo de institución con una lógica manicomial. Esto quiere decir que hay internaciones prolongadas, de desubjetivación, de pérdida de la libertad. Eso ha hecho que en nuestro país haya más de 12 mil personas viviendo en hospitales psiquiátricos, en nuestra provincia más de 5 mil”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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