La Corte Suprema de Santa Fe intervino el expediente de Vicentin por serias irregularidades

Desde los inicios del proceso concursal de Vicentin, muchas fueron las voces que denunciaron que se trataba de un "procedimiento amañado", producto de un acuerdo entre el magistrado, los directivos de la empresa deudora de la banca nacional y una de las firmas interesadas en quedarse con sus activos. Con casi dos años de demora, la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe reconoció la sustentabilidad de esos planteos e intervino la convocatoria de acreedores de la cerealera, reclamándole al juez interviniente, Fabián Lorenzini, la remisión de todo el expediente.

El presidente de la Corte, Julio Gutiérrez, aceptó la denuncia de "gravedad institucional que supone el avance de la convocatoria cuando hay en paralelo investigaciones penales por serias irregularidades en torno a los activos que ahora la firma está pretendiendo vender" formulada por la empresa acreedora Grassi SA, y solicitó "la remisión del expediente a los fines que esta Corte pueda expedirse con los autos principales a la vista".

Asimismo –lo que refleja la magnitud de las irregularidades que están presentes en el proceso judicial de la causa- dispuso la suspensión de todos los términos (plazos y trámites en curso) de la convocatoria de acreedores.

La empresa señalada como parte del acuerdo espurio con el juez y los titulares de Vicentin es Viterra, una firma controlada por la internacional alimenticia Glencore, que había presentado una propuesta de resolución del concurso de acreedores mediante el pago de una parte menor de la deuda de 1.400 millones de dólares que incluye la convocatoria, en favor de los acreedores más chicos. Para el resto de la deuda había ofrecido una cancelación a muy largo plazo, pero sólo en caso de tomar inmediatamente el control de Vicentin SA.

Entre las operaciones denunciadas por los acreedores está además la venta del 16 por ciento de las acciones de la firma Renova, de Vicentin a Glencore, "horas antes de declararse en cesación de pagos", en diciembre de 2019, lo que se supone que se realizó para vaciar considerablemente los activos que podrían haber servido para pagar a los acreedores perjudicados por el accionar espurio de la empresa Vicentin.

Ahora el tribunal supremo de la provincia centrará su mirada en la legalidad de las operaciones calificadas como de “vaciamiento” por parte de acreedores y especialistas, y examinará minuciosamente el desempeño del juez Lorenzini para que se presente a dar explicaciones sobre toda el desarrollo del proceso.

En el ambiente político y judicial de la provincia no se descarta la posibilidad de que Lorenzini sea sometido a juicio político, ni que las partes involucradas en el presunto acuerdo ilícito sean objeto de graves acusaciones por su accionar.

La causa Vicentin ha dado un giro decisivo, aunque por lo pronto se ignora cuáles serán sus implicancias. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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