El grupo del dueño de La Capital, detrás de Vicentin

En ese marco, en Santa Fe aseguran que la decisión de Rafael Gutiérrez está directamente relacionada con su relación con el grupo que lidera el dueño de La Capital, Gustavo Scaglione, interesadísimo en quedarse con la cerealera.

Con el concurso a punto de cerrarse y la empresa en manos de sus nuevos dueños, las expectativas de Scaglione se esfumarían. Presionado, Gutiérrez apeló al recurso desesperado de Gutiérrez de quitarle la causa al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, sospechado por sus vínculos con los dueños actuales de Vicentin, y de quienes vendrían a reemplazarlos.

El recurso de advocación sólo se aplicó tres veces en los últimos cincuenta años y deja en una situación de exposición y debilidad a Gutiérrez, quien no consiguió el apoyo de ninguno de los otros integrantes del máximo tribunal santafesino.

Así como los vínculos empresariales de Lorenzini ameritarían un juicio político, la situación de Gutiérrez es aún más impresentables. Su relación con el senador peronista Armando Traferri, asociado al narcotráfico y el juego ilegal, motivaron hace poco tiempo una situación de extrema tensión con la Corte Suprema de la Nación, a punto tal que su presidente, Horacio Rosatti, encabezó un encuentro de jueces federales en Rosario y concertó una alianza con los fiscales rosarinos que investigan al crimen organizado, dejando afuera a Gutiérrez.

La decisión de Gutiérrez podría frenar el concurso a menos de quince días del vencimiento del plazo  de aceptación de la oferta que hizo la cerealera, que asegura contar con aval de la mayoría de los acreedores para aprobar el plan de pagos.

Queda claro que detrás de las idas y vueltas del default de Vicentin, que ya lleva dos años y medio, hay una guerra declarada entre grupos económicos poderosos de Santa Fe que pretenden quedarse con el control de la cerealera que, en su momento, fue la empresa más importante de capitales nacionales en el sector agroindustrial.

Quien solicitó la medida que avaló Gutiérrez fue el corredor de cereales Mariano Grassi, uno de los principales acreedores de Vicentin, quien se opone a la propuesta presentada por la empresa concursada. Grassi tiene como socios al Estudio Casanova, Mattos y Salvatierra, quien a su vez es accionista del diario La Capital y del Grupo Televisión Litoral que dirige Gustavo Scaglione.

Grassi presentó la denuncia penal contra el directorio actual de la firma una vez que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, esquivó la prisión preventiva por estafa luego de pagar una caución de medio millón de dólares.

Ese pedido de detención lo había reclamado el abogado Gustavo Feldman, representante de la firma Olsen, una zapatería con domicilio en la avenida Córdoba de Buenos Aires, que compró un crédito de 5 millones de pesos a un productor de granos para poder incluirse en el concurso. El comercio era cliente del estudio de Salvatierra.

El Grupo Grassi fue uno de los acopiadores que se trataron de quedarse con Vicentin en mayo de 2020, como parte de una estrategia diseñada por José Luis Manzano. Cuando este plan trascendió, el presidente Alberto Fernández anunció la fallida expropiación de la cerealera. 

Llamativamente el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, había denegado en su momento el traslado del concurso de Reconquista a los tribunales de Rosario que había solicitado Grassi. A qué se debió esté cambio extemporáneo es algo que en la provincia no consiguen explicarse aún.

Intereses corporativos enfrentados, denuncias de estafa, vaciamiento, labilidad de la Justicia. El combo que se esconde en el caso Vicentin y que, de tomar estado público, generaría una gravísima crisis en la provincia litoral. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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