El agronegocio y su vínculo con la política: “La ley de Humedales aún permanece cajoneada”

El impacto del agronegocio en el medioambiente es materia corriente en nuestro país, aunque poco se sabe de su historia. Al respecto, la investigadora del CONICET, Cecilia Gárgano se remitió al año 1996: “Fue cuando se aprobó la variedad de soja transgénica que, desde aquel momento, se ha convertido en un monocultivo. Esto conllevó una creciente multiplicación de problemas ambientales, sanitarios y territoriales que tienen que ver con una matriz productiva asociada a los procesos de concentración de la tierra”.

“Además está asociada a los desmontes, sobre todo en el monte chaqueño, y a la consolidación de procesos de desigualdad social”, agregó. En este aspecto, marcó como otro hito importante en el mundo el proceso conocido como “la revolución verde”, de las décadas del ´60 y ´70: “Allí se instauró un paquete tecnológico intensivo en el uso de sustancias químicas que empieza a mercantilizar la semilla”. Por otra parte, retomó con la actualidad del sector en Argentina: “A pesar que saltaron todas las alarmas ambientales, la realidad es que carecemos de medidas regulatorias eficaces para todo el territorio”. 

“Y entre los planes de desarrollo para los próximos años se propone mayor extensión de estar frontera agrícola”, cuestionó Gárgano. En cuanto al rol de la política nacional, opinó: “Lamentablemente en la pandemia vimos la intensificación de este patrón productivo que está directamente asociado al agronegocio, por quemas intencionales vinculados al lobby inmobiliario. Si bien está anunciado un plan de manejo del fuego y nuevas inversiones, lo cierto es que la ley de humedales permanece cajoneada mientras hay focos activos”. 

Asimismo, se refirió a la normativa vigente: “Las legislaciones y regulaciones son un tema en sí mismo porque hay lobbys muy fuertes que frenan estas leyes y tampoco se cumple la ley de Bosques actual para evitar el desmonte”. Y continuó: “Hay un uso indiscriminado del espacio público, como por ejemplo en Lobos donde hay una laguna rodeada de canales que avanzan desde los campos privados. Y las regulaciones vigentes permiten que hayan fumigaciones con agrotóxicos a pocos metros de nuestras casas y escuelas”.

Como alternativas a esta preocupante problemática, mencionó: “Tenemos experiencias agroecológicas, lo que es bastante paradójico porque en el mundo la agricultura familiar y campesina determina la producción alimentaria en un porcentaje altísimo”. En esta línea, añadió: “Están invisibilizadas justamente las formas que están tratando de poner en agenda otra forma de producir y habitar, las cuales son viables y necesarias”. 

La investigadora del CONICET también abordó los intereses de fondo en el agronegocio: “No nos olvidemos que estamos hablando de un modo de agricultura que se instaló, no casualmente, en la década neoliberal y que se encargó de desregular los entramados productivos y jurídicos para este tipo de actividades”.

Finalmente, hizo mención a las personas que sufren este cruel modelo: “Se invirtió la carga de la prueba porque la población afectada por las fumigaciones tiene que demostrar la relación causal con evidencias científicas, y no que las empresas o ámbitos estatales tengan que refutar sospechas de un daño posible para el ambiente, tal como lo establece la Constitución Nacional con el principio precautorio”.  (www.REALPOLITIK.com.ar)

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