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Ante la presunta corrupción en la obra del gasoducto Néstor Kirchner, exigen aplicar la ley de Víctimas
La presentación judicial la realizó el empresario Juan Ricardo Mussa, quien se consideró “víctima y particular ofendido” por las presuntas irregularidades que denunció en la licitación del gigante gasífero, las cuales no fueron atendidas por el juzgado interviniente. Además, habló de “sobreprecios” en favor del CEO de Techint, Paolo Rocca.
El empresario Juan Ricardo Mussa apuntó contra la obra del gasoducto Néstor Kirchner al consultar el presupuesto de los gastos de la obra a una siderúrgica china y recibir una cotización mucho menor a la actual, inclusive en concepto de “adelantos”. De este modo, pidió reabrir la causa que semanas atrás cerró el juez federal Daniel Rafecas, amparándose en que el gasoducto ubicado en el yacimiento Vaca Muerta viene realizándose sujeto a las normas y teniendo en cuenta el carácter de “urgente” de su puesta en marcha.
Además, en su fallo cargó contra las “denuncias inconducentes para sostener un caso penal” y remarcó que la Justicia Federal “no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas”. Volviendo a la acusación de Mussa, este acudió a la Justicia para denunciar supuestos “hechos nuevos” fraudulentos, relacionados a la compra de los materiales de la obra. De esta forma se refirió a los sobreprecios de la adjudicación, apuntando principalmente contra Gerez y Martínez: “Están comprando todo al doble del precio de plaza y pretenden adelantarle al señor Paolo Rocca, 650 millones de dólares de la firma Tenaris SA, de la República de Brasil”.
En tanto, equiparó estas cifras con otras elaboradas por una empresa china: “Como estoy relacionado con la Siderurgia Shandon Jiuyang Steel Group CO LTD, la más importante del mundo en este rubro, les he consultado por esta compra y por el mejor material que intenta proveer la firma Tenaris SA me presupuestaron 277.739.887,22 dólares de costo, incluido el flete en el puerto de Bahía Blanca”. Y destacó que la entrega sería “desde 60 días y 210 días el total, con solo un adelanto de 83 millones de dólares”.
“Por esto sostengo que es un crimen atroz, donde hay un sinfín de irregularidades y prácticas corruptas (…) Los plazos de obras son ridículos, ya que como rápido pueden tardar 30 meses corridos”, amplió Mussa. En esta línea, solicitó que citen a prestar declaración testimonial a los responsables de la empresa Transportadora Gas del Norte, a Carlos Ranzani, Marcelo Brinchetto; de Gas del Sur, Jorge Lacasta; de Enargas, Luis Buisel; Gustavo Cavallo, del Instituto del Gas y del Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Como compensación, el empresario exigió que se aplique la ley nacional de Víctimas (Nro. 27372) en carácter de “víctima y particular ofendido por delitos de corrupción” y bajo apercibimiento de nulidad y proceso por “cosa juzgada irrita”. Vale aclarar que este último apartado responsabiliza directamente a Rafecas por archivar la causa y al ser notificado de la presentación de Mussa el “14 de junio a las 14.54”, mientras que a los dos días el letrado emitió una “resolución farragosa” que “no tiene nada que ver con su obligación de investigar”.
Con su resolución, además, el juez federal dio por tierra las presentaciones judiciales de los diputados de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, quienes denunciaron el proceso licitatorio del gasoducto tras el off que filtró el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el cual sembró un manto de sospechas en la adjudicación de las obras en favor de Techint y su CEO Paolo Rocca. También el mismo Mussa había denunciado inicialmente un “gasoducto superpuesto”, responsabilizando a Cristina Kirchner y Alberto Fernández del “robo más grande del siglo”.
Finalmente, el empresario infirió que la obra es “una fábula” porque “ya existe desde 1949”, y entre sus pruebas adjuntó el mapa nacional de la red de gasoductos, al que comparó con el del paquete de obras del Néstor Kirchner. Asimismo, aseveró que los caños “se superponen” y que únicamente van a hacer “la conexión desde Vaca Muerta”. Por lo tanto, además de la dupla presidencialista, sindicó de partícipes del presunto acto de corrupción al diputado nacional Máximo Kirchner; al presidente de Integración Energética Argentina SA (IEASA), Agustín Gerez; al secretario de Energía, Darío Martínez; y a uno de los auditores generales de la Nación, el ex candidato a vice de Macri, Miguel Ángel Pichetto. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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