El albertismo, cada vez más lejos del 2023

Cuando asumió Sivina Batakis, la duda consistía en precisar si la nueva ministra se recostaría sobre Cristina o sobre Alberto. Las medidas de ajuste que anunció este lunes, que significaron la definición de un “guzmanismo recargado”, marcaron la continuidad de las políticas del ministro renunciado llevándolas a un extremo que será difícil de digerir por la base social -o lo que queda de ella– del Frente de Todos.

Al impedir que Sergio Massa tomara el control del gobierno con el desembarco de su “gabinete económico” y avanzar con el cumplimiento del acuerdo con el FMI, Alberto Fernández y los pocos que hoy constituyen el albertismo celebran una victoria pírrica, producto de la alianza entre el presidente y Daniel Scioli. 

En su mensaje de inicios de semana, la ministra anunció que pasaría a controlar todos los fondos fiduciarios del estado, varios de ellos en manos del kirchnerismo, por medio de una cuenta única que manejará directamente Economía. En la práctica se trata de una reforma del artículo 8 de la ley de Administración Financiera del estado, que penaliza la subejecución presupuestaria. El “ahorro” probable que significaría esta determinación alcanzaría entre 500.000 y 600.000 millones de pesos.

Los fondos fiduciarios son fideicomisos que se encuentran bajo la órbita de un organismo público, como por ejemplo el Fondo de Financiamiento Educativo que administra una parte de los recursos de recaudación del IVA, consagrado por ley en el 2005. Hasta ahora, este fondo era administrado por Educación, y no queda en claro si se le quitará para transferirlo "a la cuenta única" que administrarán Alberto y Batakis. El mismo caso es el del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que controla Fernanda Raverta, aunque quitárselo significaría una declaración de guerra a la propia vicepresidenta. Hay varios casos similares en los que Batakis tendría graves problemas en la interna del Frente de Todos.

La ministra argumenta que la medida apunta a "volver más eficaz" el manejo de los recursos públicos. "Muchos de esos fondos se encuentran inmovilizados en el Banco Nación y generan costos financieros. Se estima que hay recursos parados por 2 puntos del PBI; al reducir esos costos, y llevar todos los recursos a una cuenta única, el único que pierde es el Nación", afirman desde esa cartera.

En la práctica, estos fondos permiten un financiamiento paralelo del estado, exento de las trabas burocráticas que condicionan la celeridad de las políticas públicas. 
"Como los fondos fiduciarios tienen ingresos periódicos atados a la recaudación, al aporte del sector privado o a la participación del estado en las ganancias del mismo, muchas veces se gasta a cuenta de futuros ingresos. Con la medida de Batakis, eso se termina", sostiene un funcionario muy próximo a la ministra. 

La medida de implementar una cuenta única para los fideicomisos públicos es una tarea impuesta por el acuerdo con el FMI que fue redactada del siguiente modo: "Fortaleceremos la cuenta única del Tesoro y desarrollaremos un plan para mejorar la gestión del exceso de liquidez en poder de los entes públicos, a fin de limitar la dependencia involuntaria del financiamiento monetario del presupuesto".

Batakis espera poder sacar la modificación por ley, pero en el Frente de Todos hay muchas dudas de que consiga hacerlo. Por un lado, porque implicaría un fortalecimiento de Alberto Fernández en la interna de la coalición. Por otro, porque la mayoría de los legisladores del Frente de Todos consideran a los anuncios como una política suicida, mucho más a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2023.

De este modo, Batakis salió a anunciar una política de sometimiento al FMI y de subordinación a los mercados, cuyo único objetivo consistiría en que el presidente consiga “durar” hasta el fin de su mandato. Por cuerda paralela, Daniel Scioli intenta denodadamente conseguir inversiones y delinear ingenierías que permitan limitar considerablemente la sangría de divisas del Banco Central. Cree que si lo consigue podría aspirar a ser el candidato de un Frente de Todos destinado al colapso.

El problema es que las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos -y las que no lo hacen–, ya han anunciado drásticas acciones de repudio a esas políticas. Lo mismo ha hecho la CTA, y la CGT prepara su primer pronunciamiento público para el mes de agosto. Los gobernadores coinciden en su rechazo a una injerencia del poder central que los dejaría sin recursos para administra en un año electoral. Y, para peor, la oposición -y, sobre todo, las patronales agrarias–, en lugar de deponer las armas han redoblado sus ataques contra el gobierno nacional.

La duda también subyace sobre las posiciones de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa: ¿Estarán dispuestos a acompañar, o al menos a no oponerse, a un programa económico que causará estragos en amplios sectores sociales y constituye una garantía de derrota terminante, en todos los niveles electorales, para 2023?¿Cuánto tardarán en salir a cruzarlo?.

Como siempre, Alberto cree que ganó porque se pronunció un discurso. Pero el corazón de la política está en las calles, una geografía que le resulta desconocida al émulo de Raúl Alfonsín. Si Alberto ganó algo, es sólo un poco de tiempo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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