Denuncian por “caranchos” a reconocidos letrados de la ciudad de La Plata

En las últimas horas, ingresó a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires una denuncia por graves irregularidades en los procesos judiciales del fuero laboral. La misma atraviesa el caso del dirigente gremial procesado Luis Angles, del sindicato ATSA, quien se encuentra, de acuerdo a fuentes legales, siendo buscado por agentes de la Justicia, pero hasta el momento no fue encontrado en los lugres que habitualmente concurre. 

“Este fuero incumple con la garantía del doble conforme, que fue establecida por los tratados de derechos humanos, por lo que sus decisiones no son apelables”, aseguraron los denunciantes, quienes además adujeron arbitrariedad en los pronunciamientos del fuero, en los que se estaría abiertamente favoreciendo a un grupo de abogados que fue tildado de “caranchos” por sus propios colegas. “Los mismos, autodenominados Ius Laboralista, no son nada más ni nada menos que quienes fomentan la industria del juicio laboral, dañando seriamente a todas las pymes, que son quienes generan el mayor caudal de trabajo en el país”, explicaron.

De acuerdo a la letra escrita, los denunciados serían los integrantes del Tribunal Nro. 4, en el que Vanesa Prado actuaría como presidente. La denuncia fue presentada, además, en el Consejo de la Magistratura y ante el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata, donde ya se había radicado una denuncia por “falta de ética” contra el abogado Juan Manuel Carmelo, quien había sido acusado de “carancho”, luego de protagonizar numerosos procesos caratulados como “la industria del juicio laboral”.

De acuerdo a fuentes judiciales, los próximos pasos incluirían un sumario administrativo, con el objetivo de investigar un gran caudal de denuncias que ya tendrían lugar y cuyos objetivos serían, justamente, los jueces y funcionarios judiciales mencionados.

“Con el objetivo de terminar con esta clase de profesional que tanto desprestigia nuestra profesión, realizamos a su vez una denuncia penal por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, abuso de autoridad y asociación ilícita agravada por su condición de funcionarios públicos”, aseguraron los denunciantes.

En el caso de verificarse lo denunciado, los magistrados y los matriculados serán suspendidos de manera preventiva. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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