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19 de julio de 2022 | Opinión

La realidad supera la ficción

La cómica “lucha contra las drogas” en Argentina

Esta es una pequeña historia en la que se relata en detalle la protección de traficantes y policías delincuentes, de parte de funcionarios judiciales y políticos. Por supuesto, la historia no es pequeña para esas veintiún personas que estuvieron imputadas penalmente durante nueve años, al cabo de los cuales se los declaró inocentes.

HORACIO DELGUY

por:
Jorge O. Rodríguez

En el mes de mayo 2015, me expulsaron de mi puesto de asesor en el ministerio de Seguridad de la Nación. El chiste es que, un colaborador de la ex ministra Nilda Garré, me comunicó que conforme lo dispuesto por esta señora, se me "discontinuaba" de mis labores. Es decir, la ministra me echa luego de que la presidente Cristina Fernández de Kirchner la eyectó a ella del ministerio nombrándola embajadora en la OEA. En los dos años y cinco meses que asesoré a la ministra, le escribí 235 informes, casi todos enviados a su email. En los mismos estaban los informes de diecinueve comisarías -sobre un total de 53-, análisis de seis brigadas de policías delincuentes, decenas de informes de las ventas de drogas de distintos barrios y escritos con datos concretos de estupefacientes y delitos de la villas más grandes de CABA. También hubo informes de temas narcos de Perú y Brasil, más los detalles de un viaje a Lima de noviembre 2012, del cual nunca me reintegraron los gastos que pagué de mi bolsillo.

A los pocos días de cesanteado, le envié una carta documento a la señora presidente, volcando un resumen de mi labor en el ministerio. Como no obtuve respuesta me presenté en la Casa Rosada, dejando copias de las cuestiones más importantes. Durante tres meses un funcionario llamado Gustavo Villar me sometió a distinto tipos de dilaciones. Conforme estas cuestiones, decidí presentar un escrito en la procuraduría de Narco Criminalidad (ProcuNar) a cargo de Gustavo Crous, que luego amplié con mayores datos en el mail oficial de la señora Susana Solorza. También presenté tres escritos en la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a la vocalía del señor Eugenio Zaffaroni, no obteniendo ninguna respuesta al respecto (expediente 815/2013, tomo 49, letra R, tipo PVA). 

Al ver que se intensifican las amenazas que recibía, volví a molestar a los funcionarios de ProcuNar. Me comentaron que habían judicializado mis escritos, apareciendo la causa 7104/13 radicada en el juzgado Federal Nro. 2 a cargo de Sebastián Ramos, secretaria Carlos Leiva en Comodoro Py. Graciosamente la causa fue caratulada "NN infracciones a la ley de Estupefacientes Nro. 23737" cuando en mi denuncia había cuestiones mucho más graves y relevantes que las ventas de drogas, considerando los 235 informes ya mencionados dirigidos a la señora Garré. Me presenté en el juzgado con un escrito que mencionaba: "Solicito formalmente se analicen los eventuales delitos de acción pública en los cuales pueden haber incurrido durante la gestión como ministra de Seguridad de la señora Nilda Garré, no solo la misma sino un conjunto de funcionarios que la acompañaron en su accionar: Cristina Caamaño, Ricardo Dios, Miguel Robles, Gustavo Palmieri, Natalia Federman y otros que pudieran corresponder, incluidos muchos jefes policiales, oficiales superiores como también suboficiales de Policía Federal y por supuesto los delincuentes que integran las distintas brigadas recaudatorias”.

La funcionaria del juzgado Mara Embeita me comunicó que mi denuncia pasó a formar parte de la causa Nro. 861/13, en la cual solo se investigarían las temáticas de narcotráfico de la barriada de Once. O sea, una supuesta investigación sobre los doscientos traficantes que detallé con nombres o alias, más sus domicilios y sus lugares de venta en la vía pública. Con lo cual en Comodoro Py resolvieron no investigar a otros ochocientos vendedores de Flores, Constitución, ni las villas y menos las recaudaciones delictivas de la comisarías de Policía Federal. Tratando de superar el mal trago, le escribí a la señora Embeita varias veces a su email oficial, ampliado datos referentes al barrio de Once. Conforme mi declaración testimonial y esos emails, detallé que en toda investigación deberían intervenir otras fuerzas de seguridad, ya que estaba implicada la comisaría 8 en cohechos, robos y otros delitos. Resalté el desastroso proceder de la superintendencia de Drogas, a quien muchos policías llamaban “los ladrones peligrosos de drogas peligrosas”. También mencioné mi preocupación sobre la integridad de mi principal fuente de información y aporté su identidad: una transexual peruana a quienes llamaremos en lo sucesivo AL, dejando en claro que sus aportes podían observarse en los mensajes entre su celular y el mío.   

El jueves 22 de agosto de 2013 es detenida AL, robada y con drogas plantadas por la brigada de la 8. Se la detuvo con un masculino quien fue sometido a un cohecho -corte de boleto en jerga policial- con lo cual no figuró en ningún sumario ni actuación policial. En el mes de diciembre 2013, el juzgado del señor Ramos, con las labores del secretario letrado D. Delia y la señora Embeita, decidieron realizar una serie de allanamientos con los buenos muchachos de Drogas Peligrosas, obviando todo lo que les escribí al respecto.    

En los allanamientos se robaron de todo como hacen siempre –incluidos 50 o 60 mil dólares de XX y su marido YY- y se realizaron una serie de detenciones que luego se efectivizaron, con unas dieciocho personas durante dieciocho días. Los funcionarios se negaron además a tomar las declaraciones a las detenidas, cuando quisieron denunciar los robos, malos tratos y discriminaciones de parte de los policías: la mayoría eran transexuales peruanas. Por lo demás, tal como informé previamente al juzgado por escrito, los traficantes de mayor peso estuvieron avisados en forma previa de los allanamientos, por integrantes de la brigada 8, en la cual se destacaban dos depredadores cuyos apellidos eran Lagos y Mazars.  

En el auto de procesamiento y prisión preventiva de todas esas personas, cuya copia al igual que otros elementos judiciales obra en mi poder, se puede ver como si fuese un mensaje mafioso a mi persona, que la primera de dicho listado es mi fuente de información AL (textual del expediente judicial: "Debo decir que AL es mi fuente de información mencionada varias veces y me consta desde todo punto de vista que no vende sustancias"). Para continuar los entuertos del juzgado, vale mencionar que dispusieron la custodia de mi domicilio, con una caseta de Gendarmería Nacional con un baño químico. Detallé por escrito al juzgado, que pude ver un cuaderno en el cual el binomio de gendarmes de mi custodia, anotaban todos mis movimientos y la llegada de personas a mi casa. El juzgado no investigó este espionaje ilegal, acorde con lo que fuera el célebre Proyecto X de la señora Garré.

Adicionalmente presenté un escrito en Consejo de la Magistratura, solicitando se investigue el accionar del juez Sebastián Ramos, cuestión de la cual no tuve más noticias a pesar de diversos llamados que realicé. Ya lo dijo el paisano: "Entre bueyes no hay cornadas".

Las causas de drogas mencionadas en las labores del señor Ramos, en forma conjunta con al menos otras cinco causas, pasaron en forma conjunta a tramitar un juicio oral. Tengo en mi poder una copia del TOC Nro. 8 de Comodoro Py, el cual luego de casi nueve años dictó la sentencia de absolución de las veintiún personas acusadas por tráfico de drogas, varias de las cuales están fallecidas y que de alguna forma murieron con un sello que decía “traficantes”. Esas veintiún personas tenían que presentarse en forma mensual a Py, es decir que en nueve años tuvieron que viajar en más de cien oportunidades. Para salir del país debían solicitar autorización al juzgado: en uno de los casos no se autorizó el viaje, a pesar de la muerte de la madre de la imputada. En dos de los casos, que habían salido con dicha autorización, al no regresar se las "declaró en rebeldía" y se pidió la captura internacional de las mismas, como si se tratara del “Chapo" Guzmán o del “Rafa” Caro Quintero. Se escribieron más de veinte tomos de expedientes, actuaron más de cincuenta funcionarios judiciales y del ministerio Público, se gastaron una verdadera fortuna en honorarios de penalistas y horas y horas de defensores públicos, quienes en muchos casos practican el deporte de dejar presos a inocentes. Por eso se reitera, que una caterva de funcionarios malparidos -como se diría en Colombia- absolutamente funcionales al narcotráfico y a los ladrones disfrazados de policías, le arruinaron la vida a veintiún personas, que terminaron resultando libres de culpa y cargo. De paso vale mencionar: teléfono INADI, hagan algo en medio de sus discursos y palabreríos patéticos. ¡Son veintiún casos de discriminación por el hecho de ser transexuales y ciudadanas de otros países!

Así las cosas, es la comedia de lucha contra las drogas en Argentina. Cada vez que veo o escucho a patanes hablar de la temática de estupefacientes, recuerdo al inolvidable Rodolfo Walsh y su monumental carta abierta a la Junta Militar: "Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.  

 

(*) Jorge O. Rodríguez es economista recibido en la UBA. Analista de narcotráfico y delitos complejos.


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