COVID-19: Imputaron a la hermana de Florencia Saintout por homicidio culposo

Abril del 2020, primeras semanas del aislamiento preventivo, social y obligatorio (ASPO) dictado por el gobierno de Alberto Fernández. Tras enfermarse de COVID-19 junto a todos los integrantes de su familia, Sandra Fabiana Duckardt acudió al hospital Italiano de La Plata por presentar síntomas agudos, donde le constataron que tenía una neumonitis leve. No obstante, a los pocos días mejoró notoriamente su cuadro por la ingesta del antibiótico Azitromicina -utilizado para contrarrestar las infecciones bacterianas-, salvo por una pequeña complicación pulmonar debido a la saturación de oxígeno.   

Esto motivó a que asistiera al hospital San Roque de Gonnet, donde para su sorpresa como la de sus familiares le indicaron que tendría que quedarse internada. “Estimábamos que iba a ser por una noche porque ella estaba perfecta”, expresaron sus jóvenes hijos Federico y Sebastián Sarli en una reciente entrevista con el youtuber, periodista e investigador, Nicolás Morás. Sin embargo, su estado de salud comenzó a agravarse con la quita del medicamento recetado por parte de los profesionales que la atendieron: “Nos dijeron que por protocolo COVID-19 no había que dárselo”, manifestaron sus primogénitos.  

“Lo único que hicieron fue darle la máscara de oxígeno y corticoides, mientras tanto ella estaba asustada y no podíamos retirarla del hospital porque no conseguíamos oxígeno para una internación domiciliaria dado que el gobierno prohibió su venta para particulares”, agregaron a la par que cuestionaron a las autoridades del nosocomio: “La tenían de rehén”. Tampoco permitieron que sean ellos, junto a su padre, los que suministren los antibióticos necesarios ni contratar a un profesional para que realice un seguimiento pormenorizado de Sandra. 

Entre tanto, el cuadro seguía desmejorando paulatinamente: “Una nueva placa arrojó que tenía moco en los pulmones, pero ella continuaba sin su medicamento”, indicaron Federico y Sebastián. A su vez, al estar aislada en el área COVID no podía recibir visitas de sus familiares, hasta que por su delicado estado de salud decidieron traspasarla a terapia intensiva, hecho que precipitó la visita de sus hijos al hospital: “La querían entubar en contra de su voluntad, por eso amenazamos con denunciar a las autoridades si no la veíamos. Allí la directora (Josefina Saintout) nos la dejó ver y mi mamá nos contó que no firmó ningún consentimiento para que la trasladen, ni tampoco lo hicimos nosotros”, dijo uno de sus hijos.   

“Las médicas le decían que si no la entubaban se moría y a la par le dejaban el balde de mierda al lado de la cama, no le daban bola para nada”, criticaron visiblemente ofuscados. En sus últimos días dejó de ser asistida por corticoides y sí por antibióticos, según marca su historia clínica, hasta que finalmente Sandra falleció tras veinte días de internación: “No sabemos si fue por una infección intrahospitalaria o empeoró la neumonitis, ya que tampoco pudimos hacerle una autopsia por protocolo COVID-19 y la cremaron”. 

“Lo cierto es que fue todo un negocio de la política y las autoridades del hospital para cobrar los 400 mil pesos que otorgaba el gobierno por cada fallecimiento por COVID-19. También facturaban por cada día de internación”, advirtieron. Y, entre lágrimas, sentenciaron: “Cualquier médico que vea el historial clínico se da cuenta que la mataron, con las placas que tenemos en ambos hospitales no se necesitan más pruebas. Era buenísima nuestra mamá, era la que menos merecía morir así”.

LA PALABRA DE LA ABOGADA

En diálogo con REALPOLITIK, la patrocinante de la parte demandante, la doctora Iliana Francisca Aristeo, informó: “La causa todavía no está en juicio, hay una investigación y si el peritaje demuestra que las pruebas son convincentes se eleva a juicio, lo que probablemente suceda a fines de este año o principios del próximo dado el material recabado”. Vale aclarar que el expediente tramita en la UFIJ Nro. 14 de Delitos Culposos a cargo de la fiscal María Antonieta Scarpino. 

En cuanto a los avances en materia judicial, destacó: “Fue una de las primeras causas donde se pudo determinar que no corría la obediencia de vida, es decir que cada firmante imputado va a responder por sus actos cometidos y no pueden guiarse por el protocolo COVID-19”. Y amplió: “Esto imposibilitó la atención efectiva de las enfermedades bacterianas que necesitaban antibióticos, cuando los médicos deberían haber investigado cada situación particular y no cumplir órdenes”. 

“Además incorporé al informe una respuesta a un pedido de informe donde los test PCR no son obligatorios ni requisitorios para determinar el COVID-19, y también se secuestraron la historia clínica de todos los que estuvieron internados en el hospital San Roque durante esos días para determinar cómo fue el procedimiento de los profesionales”, añadió. Por otra parte, según testigos, remarcó la “nula higiene” existente en el área COVID, donde permanecían los tachos con la orina y la materia fecal de los pacientes. 

Otro de los puntos que resaltó la letrada fue la “poca atención” recibida de los profesionales hacia Sandra: “Ella no tenía mucho contacto físico con los médicos dada la situación epidemiológica, por lo que únicamente le daban Paracetamol y al no tener un antibiótico correspondiente fue avanzando su neumonía hasta que falleció”. En esta línea, profundizó: “Según mis peritos tuvo una neumonía no tratada, falta determinar la visión de los peritos de la morgue. Todo aparenta ser una mala praxis muy alevosa”.

Más allá de todo lo expuesto, se suma otro agravante: “Tampoco cambiaban los filtros del respirador, con lo cual estaban a la orden del día las infecciones intrahospitalarias”, afirmó Aristeo. Cabe destacar que la carátula es por homicidio culposo y que la fiscalía puede reconvertirla a doloso según la culpabilidad de los responsables, que abarcan desde el personal de limpieza, enfermeros, médicos que asistieron a Sandra y la propia directora del nosocomio Josefina Saintout, quien fuera nombrada en su cargo por los contactos políticos de su hermana, Florencia Saintout, la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires de la gestión Axel Kicillof. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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