La oposición solicita el juicio político contra Alberto Fernández

La iniciativa fue encabezada por el diputado radical y dirigente rural Ricardo Buryaile, y lo acompañaron, además de Espert, los diputados Mario Negri, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.

El comunicado del Gobierno Nac. sobre la causa #vialidad es una severa violación a la división de Poderes y la Constitución.
Estas conductas constituyen un ataque sistemático al P. Judicial.
Por eso, junto a otros diputados solicitamos el #JuicioPolítico al Presidente @alferdez. pic.twitter.com/yI8MHaQrAn

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) August 23, 2022

La iniciativa se funda en un presunto “mal desempeño como funcionario público” y “la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones”. Buryaile publicó en su cuenta de Twitter que "el comunicado del gobierno sobre la causa Vialidad es una severa violación a la división de poderes y la constitución. Estas conductas constituyen un ataque sistemático al poder judicial".

El diputado y dirigente ruralista consideró las expresiones de Alberto Fernández en defensa de Cristina como un "grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada poder del estado". "Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el presidente de la república posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos”, remató.

Entre los fundamentos del pedido de juicio político se sostiene que “sus declaraciones y de los funcionarios que son parte del ejecutivo nacional, denotan claramente una intención de injerencia del presidente de la república, en el sistema de justicia y especialmente en el desempeño del ministerio Público Fiscal”.

Esta línea argumentativa había sido la escogida por el fiscal Diego Luciani en el cierre de sus alegatos contra la vicepresidenta, al sostener que "una de las formas por las cuales los funcionarios de la administración pública han intentado eludir el correspondiente control del poder judicial es sostener que la política pública en materia de contrataciones no es revisable por la Justicia", aludiendo a lo afirmado por Alberto Fernández en su declaración testimonial en el juicio de la obra pública.

Luciani había enfatizado este lunes que “cuando esas expresiones proceden del propio presidente de la Nación, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del estado en otro. Es el momento para decirlo". La oposición aprovechó la volada y se apropió de los argumentos del fiscal. El diputado radical Francisco Monti publicó en su cuenta de Twitter que se solicita el juicio político “por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos al haber invadido facultades de la Justicia y violentar la división de poderes”.

El aparatoso y enfático tono adoptado por el fiscal Luciani, las respuestas descalificadoras sobre la Justicia del oficialismo y las declaraciones y acciones no menos agresivas de la oposición van generando progresivamente una espiral de violencia de consecuencias impredecibles.

Por lo pronto, la grieta ha adquirido un nivel de confrontación que empieza a trasladarse de las palabras a los hechos. El incidente producido este lunes en las proximidades de la casa de Cristina Fernández en el centro porteño, y la inmediata reacción policial, demuestra que nos estamos introduciendo en un terreno muy riesgoso para la democracia. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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