Los responsables políticos del intento de magnicidio salieron impunes

De Sarmiento a Alfonsín, varios fueron los intentos de poner fin a la vida de presidentes y funcionarios sin éxito. Por no hablar del trágico suceso ocurrido en el Senado de la Nación en 1935 por Enzo Bordabhere, como represalia a las denuncias de corrupción de los ministros Federico Pinedo y Luis Duhau que había formulado su compañero de bancada, Lisandro de la Torre.

El incidente del pasado jueves, que hubiera terminado razonablemente en un magnicidio, de no fallar el disparo del agresor, Fernando Andrés Sabag Montiel, motivó los airados pedidos de renuncia del ministro de Seguridad de la Nación, a quien le corresponde el cuidado de la integridad de las autoridades nacionales.   

"Con el derecho que me dan los cuarenta y cinco años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández”, reclamó la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Sin embargo, su expresión de deseos: “Y ojalá muchos me acompañen ahora para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta”, no consiguió otros respaldos por fuera del cristinismo duro.

Tan es así, que el presidente Alberto Fernández confirmó en su cartera a Aníbal Fernández, como si se tratara de una nueva oportunidad, para ver si en el próximo intento el o los agresores no fallan nuevamente.

Poco antes de los sucesos del sábado pasado en la residencia de Cristina tuvieron lugar reuniones entre autoridades de Seguridad de la CABA y el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien los atendió de muy mal modo y les comunicó que el gobierno nacional se haría cargo, de allí en adelante, de la seguridad de la vicepresidenta, tal como dispone la ley vigente.

Un par de días después, el juez Gallardo ordenó el retiro de las fuerzas del orden de la CABA del lugar, con el argumento de que la seguridad de la vicepresidenta era competencia del estado nacional. La decisión dio lugar a airadas críticas de la gestión porteña, acusando al juez del insólito “delito” de ser “kirchnerista”. Mientras tanto, Aníbal Fernández aseguró haber ampliado la custodia presidencial, y dio garantías de orden que -como es habitual en las histriónicas apariciones del ministro del baúl- no tuvieron ningún sustento en la realidad.

El punto en cuestión es cómo fue posible que la vicepresidenta, custodiada por más de cien efectivos a través de varios “anillos” seguridad, estuvo expuesta a un arma homicida a menos de 40 centímetros de distancia. ¿Incapacidad de los efectivos? ¿Falta de adiestramiento? ¿Complicidad? Las hipótesis son muchas y resulta indispensable confirmar cuál es la correcta. Algo que, a partir de la experiencia argentina, resulta muy poco probable.

Quedan otras dudas además. ¿El agresor actuó solo? ¿Lo hizo por inspiración propia o se desempeñó como sicario? ¿Existen autores intelectuales concretos o sólo respondió a los discursos de odio que han instalado desde hace tiempo los medios y buena parte de la dirigencia a través de la creación de la grieta?

En este caso, no sólo está puesto en cuestión el accionario del ministro de Seguridad de la Nación, sino también el del jefe de la AFI, Agustín Rossi. ¿Cómo es posible que no haya existido una hipótesis de riesgo, ni que la inteligencia del estado no tuviera conocimiento previo alguno? ¿Para qué existen el ministerio de Seguridad y la AFI si no son capaces de garantizar no ya la vida de los argentinos, sino de quienes presiden los destinos de nuestra sociedad?

Por si fuera poco, el atacante fue capturado por los propios manifestantes. Si hubiera dependido de las fuerzas de seguridad, hubiera escapado con total impunidad.

Los expertos llaman también la atención sobre que "hay imágenes de la semana pasada donde muestran que la custodia de Cristina usaba portafolios balísticos, paraguas para reducir la visión desde lejos y eso está en un contraste muy grande con lo que se vio en las imágenes de anoche”. ¿Se liberó la zona para permitir el atentado? ¿Quién tomó la determinación de debilitar la intensidad de la custodia?  ¿Cómo es posible que estas preguntas no tengan aún respuestas, cuando sólo exigen repasar las responsabilidades jerárquicas en el cuidado de la vicepresidenta?

Así las cosas, resulta inaceptable que el responsable institucional de la seguridad de Cristina, Aníbal Fernández, siga en su cargo. Mucho más aún que el presidente le haya ratificado la confianza y que, aún en este caso, el ministro no haya dado señales mínimas de dignidad renunciando de manera irreversible a su cargo.

A partir de estas conductas, parece quedar en claro que no existe preocupación alguna en el gobierno por la integridad de la vicepresidenta, y que, con los mismos responsables a cargo, se está posibilitando que un hecho similar se repita, aunque tal vez con un resultado distinto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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