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6 de septiembre de 2022 | Nacionales

Interrogantes

Las llamativas coincidencias detrás del “magnicidio fallido”: ¿Puesta en escena o apriete?

¿Por qué el ministerio del Interior se esmeró en reclamar la custodia de Cristina, para dejarla expuesta? ¿Cuál fue la razón por la que no reaccionaron los efectivos de seguridad? ¿Por qué motivos el juzgado procedió a invalidar la prueba principal, el celular?

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Varias han sido las especulaciones y caracterizaciones sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta. Del ataque autoinflingido para sacar rédito político al magnicidio por encargo a manos de un sicario, de la respuesta de un sujeto inestable al estímulo de los discursos de odio de la oposición a la intervención divina de Néstor Kirchner desde el más allá para evitar que el arma se disparase. Casi todos tienen una respuesta: el problema es que ninguna convence.

- Fernando Sabag Montiel disparó un arma a menos de 50 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. Todos los círculos de vigilancia establecidos por la Policía Federal fallaron. La AFI no fue capaz de prever la agresión, aunque el sujeto merodeaba insistentemente la zona desde varios días atrás. La custodia parecía licenciada, ocupada más de contestar sus celulares que de proteger a Cristina. Demasiados errores para ser simple casualidad.

- En los días previos, tanto a través de la negociación entre el ministro del Interior, Wado de Pedro, con las autoridades de Seguridad de la CABA, como por disposición de la Justicia porteña, el gobierno nacional le quitó el control de la casa de Cristina a la Policía de la Ciudad para poner en su lugar a la Policía Federal. Pero, en el momento del incidente, el jefe de la custodia -estrechamente vinculada a la ex presidenta- estaba de franco.

- Pese a que 24 horas antes del ataque, Máximo -e incluso otros dirigentes afines- aseguró que la oposición quería matar a un peronista, los efectivos de seguridad no cacharon a nadie ni identificaron a ningún potencial agresor. La AFI brilló por su ausencia. Tal fue la desprolijidad que Sabag Montiel –o alguien que estuviera en contacto con él- pudo portar un arma con total impunidad.

- Cuando se produjo el ataque, ninguno de los custodios de CFK atinó a defenderla, sino que más bien se agacharon cuando apareció el hombre con el arma para evitar ser objeto de sus disparos.

- La vicepresidenta ni se enteró en el momento del ataque, y siguió firmando libros y saludando a los presentes como si no pasara nada.

- Una vez concretado el ataque, no se cumplió ningún protocolo de seguridad. Fueron los militantes los que se encargaron de atraparlo. Si era por el personal de seguridad oficial, el acusado se hubiera marchado sin inconveniente alguno.

- En los días previos, el acusado se pavoneó por el canal Crónica TV cizañando la idea de la grieta. Delfina Wagner, una de las panelistas del programa en cuestión, dijo: “Se puso muy insistente con que quería salir al aire”. Sin embargo, esto no provocó la atención de nadie.

- Una vez detenido por los manifestantes, el acusado nunca fue esposado por las fuerzas del orden.

- La pistola encontrada en el piso carecía de huellas dactilares, por lo que no queda claro si fue la que se utilizó en el atentado.

- El celular del acusado, clave para establecer vinculaciones, fue formateado por descuido del juzgado, que lo envió en un sobre papel madera, abierto y sin lacrar, a la seguridad aeroportuaria, para ser tratado con tecnología de alto nivel de origen israelí. El encargado del traslado fue el chofer de la jueza Eugenia Capuchetti, de Comodoro Py. Recordemos la relación de conflicto existente entre la vicepresidenta y la Justicia Federal.

- En caso de que no hubiera sido formateado, en las condiciones en que se realizó el traslado, desconociendo los procedimientos vigentes, tampoco hubiera servido como prueba, ya que fácilmente hubiese sido objetado por cualquier abogado defensor.

- Tras lo sucedido, no hubo ningún responsable político por los descuidos ocasionados ni por el espantoso desempeño del ministerio de Seguridad ni de la AFI. Aníbal Fernández afirmó que había puesto su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández, pero que éste le ratificó la confianza: casi como si desease que vuelva a ocurrir.

- Agustín Rossi, por su parte, nunca asumió haber tenido alguna responsabilidad en el asunto.

- Una vez producido el magnicidio fallido, el gobierno politizó el tema, en medio de un panorama judicial complejo para Cristina. El senador José Mayans, muy suelto de cuerpo, planeó su solución: “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio contra CFK”.

- El presidente se limitó a decretar un inexplicable feriado nacional para posibilitar una convocatoria masiva a un acto en plaza de Mayo, que permitió comprobar el respaldo popular que aún conserva Cristina.

- En vista de tantos presuntos “errores” y desaguisados, Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, opinó que el formateo del celular del atacante es un "error catastrófico", y reclamó: "la pasividad del gobierno tiene que cambiar". Como si él mismo no formara parte de ese gobierno. "Es una locura. Si en una causa así termina pasando esto, la verdad que ya cerremos todo, ¿no?”, sentenció.

El atentado a Cristina está plagado de irregularidades y de errores inaceptables, antes, durante y después de que tuviera lugar. Lo único que flota en el aire son dudas y sospechas.

Por lo pronto, Fernando Sabag Montiel ni de lejos da el perfil de miembro de un grupo terrorista. Más bien parece ser un perejil al que alguien lo instigó a actuar de ese modo, seguramente recibió respaldo durante el atentado, lo proveyeron de un arma homicida que no podía disparar porque las balas con que estaba cargada no se correspondían con su calibre y además tenía la recámara vacía.

Era el sujeto ideal a través del cual podía enviarse fácilmente un mensaje mafioso sin costo alguno. De origen dudoso, no se vinculaba con nadie del espectro político. De no haber mediado la acción de los militantes, se hubiera marchado tranquilamente, sin que nadie pagara el costo.

Un interrogante radica en develar quién o quiénes fueron los instigadores, y si le proveyeron asistencia para realizar el atentado. Hay algo que queda en claro: si hubieran querido asesinar a Cristina, nadie lo hubiera impedido, bastaba con cargar el arma con los proyectiles adecuados.

Pero hay otras preguntas aún más decisivas: ¿Por qué el ministerio del Interior se esmeró tanto en reclamar la custodia de Cristina, para dejarla expuesta de tal modo? ¿Cuál fue la razón por la que no reaccionaron los efectivos de seguridad antes, durante ni después? ¿Por qué motivos el juzgado procedió a invalidar la prueba principal -el celular-, que de no haber sido formateado sería vetado en un eventual juicio por las manipulaciones sufridas?

A todos estos elementos, se suma otro que no resulta menos llamativo: la actitud de Cristina de autoinculparse por lo sucedido, afirmando: “Es una persona difícil de cuidar, porque no hace caso de las indicaciones de la custodia”.

Así las cosas, sólo quedan en pie dos hipótesis razonables: o se trató de un “apriete” para evitar que Cristina se abstenga de realizar comentarios negativos sobre el durísimo plan de ajuste en marcha, o que haya sido partícipe de una puesta en escena para desviar la atención sobre dicho plan, los anuncios sobre el dólar soja y el inminente sometimiento a exigencias más duras del FMI.

Pero, más allá de todo esto, la principal víctima de lo sucedido no fue Cristina, sino la verdad. Una verdad que, en Argentina, desde hace mucho es la gran derrotada en todos los terrenos. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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