Viernes 29.03.2024 | Whatsapp: (221) 5710138
2 de octubre de 2022 | Judiciales

Otra vez, Rosatti le marcó la cancha al gobierno

La Corte Suprema insiste en atribuirse funciones legislativas

No es novedad que la Corte Suprema pretenda avanzar sobre las competencias de los poderes ejecutivo y legislativo en nuestro país.

facebook sharing buttonCompartir
twitter sharing button Twittear
whatsapp sharing buttonCompartir
telegram sharing buttonCompartir
print sharing buttonImpresión
gmail sharing buttonCorreo electrónico

Ya lo ha hecho en varias ocasiones, sobre todo a partir de su nueva composición, expidiéndose sobre temas diversos como la presencialidad educativa o la retroversión de la conformación del Consejo de la Magistratura a un formato anterior, que le permitió empoderarse aún más dentro del universo judicial y político de nuestro país.

Ahora, una vez más, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, lanzó una dura advertencia al gobierno, denunciando  su pretensión de  avanzar sobre la Justicia.

Al referirse al debate legislativo actual sobre la reforma de la Justicia, Rosatti advirtió que sólo van a funcionar aquellas modificaciones que tengan el consenso del poder judicial y que cuenten con la participación de los magistrados. E inmediatamente exhibió su poder recordándole al gobierno que ya fracasaron en los últimos tres años los cambios intentados por el oficialismo.

Las afirmaciones del presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura –desde su polémica decisión de reponer el esquema anterior de funcionamiento- tuvieron lugar durante el cierre del XXII Encuentro de Jueces de Tribunales Orales celebrado en Catamarca.

Sin cuidarse por las formas, Rosatti sostuvo sin anestesia: "Creo que la reforma judicial profunda, que involucre aspectos sustantivos y aspectos que nosotros llamamos de superintendencia (administración e infraestructura), y aspectos procesales, va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial, porque tenemos muchísimo para decir. Eso queremos desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En cualquier sociedad republicana, el poder judicial cuenta con autonomía e independencia respecto de los otros poderes, pero en ninguna parte se ha pretendido excluir a la administración de la Justicia de las competencias del poder legislativo. Salvo en la Argentina, claro está.

Rosatti marcó la cancha al sentenciar que una reforma judicial profunda necesita sí o sí el consenso del poder judicial. Y redobló la apuesta al enfatizar que será el propio poder judicial quien evaluará si hace falta realizar alguna clase de reformas, en cuyo caso tomará la tarea a su cargo, abrogándose competencias propias del poder legislativo.

“En la medida de nuestras posibilidades y nuestra competencia vamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias”, subrayó.

Finalmente Rosatti concluyó con una irónica afirmación que significó un ninguneo de los otros poderes públicos. "Hemos visto el fracaso de tanta reforma o proyecto de reforma que no se sanciona, o se sanciona y se demora, y no se aplica, y se suspende, y esta costumbre tan argentina de suspender algo o reformar para no cumplir y entonces se vuelve a reformar”.

Es muy llamativo el caso del poder judicial de nuestro país, que ha decidido ubicarse incluso por encima de la constitución nacional. El propio Rosatti junto al presidente del cuerpo anterior y actualmente vicepresidente el mismo, Carlos Rosenkrantz, aceptaron sin objeción alguna ser designados como cortesanos por un decreto presidencial de Mauricio Macri, pasando literalmente por encima de la carta magna.

Las nuevas declaraciones de Rosatti anuncian que ahora incluso la Corte Suprema irá por más, sosteniendo la tesis de que sólo a ella le corresponde ocuparse de legislar sobre una hipotética reforma judicial, a contrapelo de lo dispuesto por nuestra constitución.

Cabe así preguntarse cuál es el poder que pretende avanzar sobre los demás, haciendo estallar el equilibrio indispensable del régimen republicano.

No es casualidad que la Justicia sea el poder con peor imagen negativa dentro de la sociedad argentina. Más de un 80 por ciento de los argentinos manifiesta una opinión adversa. Claro está que al no permitirse la participación ciudadana en la designación de funcionarios judiciales, la Corte puede darse el lujo de ignorarla olímpicamente y redoblar la apuesta, pasando por encima del juego de equilibrios y contrapesos que debe regir en una república. (www.REALPOLITIK.com.ar)


¿Qué te parece esta nota?

COMENTÁ / VER COMENTARIOS

¡Escuchá Radio Realpolitik FM en vivo!