Luego del desalojo a la comunidad originaria Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi por orden de la Justicia y comandada por el ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reflexionó: “He hablado con el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y la jueza que ordenó el desalojo (Silvina Domínguez), a quienes les estamos reclamando el traslado de las cuatro mujeres detenidas en la cárcel de Ezeiza; no hay evidencias que los mapuches quemaron las casillas de Gendarmería”.

“Patricia Bullrich fue a agitar la situación para acusar directamente a los mapuches, tratarlos de extranjeros y terroristas; realmente es una situación grave”, agregó. En cuanto al accionar de las fuerzas federales, evaluó: “Fue violento y convulsivo, había mujeres con bebés que las retuvieron, inclusive una embarazada; los hombres con algunos hijos se refugiaron en la montaña y estamos tratando que a los detenidos les den prisión domiciliaria pero no a 1.500 kilómetros de su lugar de origen”.

En tanto, se refirió a la raíz del conflicto: “Las tierras en cuestión son del parque nacional y fueron tomadas en el 2017, desde allí la comunidad mapuche estuvo tratando de lograr que se reconozcan sus derechos en el territorio. ¿Pero cómo es posible que vendan tierras a grandes terratenientes, como por ejemplo al grupo Benetton que tiene un millón de hectáreas en tres provincias patagónicas? Mientras que a los mapuches los echan de su lugar de origen”.

Y añadió: “El ministro de Seguridad tuvo que actuar a pedido de la Justicia y de la gobernación de Río Negro. La gobernadora (Arabela Carreras) no dialoga ni quiere tener reuniones; he tratado comunicarme con ella pero ha sido imposible”, indicó. 

Asimismo, analizó el trasfondo de la problemática: “No se trata solo de los mapuches, sino de todos los pueblos originarios del país; los diputados patean para adelante las prórrogas para que no haya desalojos, pero no hay una ley que determine el derecho de los pueblos originarios a sus territorios y que se entreguen las tierras comunitariamente”.

En esta línea, continuó: “Estos conflictos no terminan y se van a sumar otros, es realmente preocupante lo que está ocurriendo. A la jueza Domínguez le dije que tiene que tomar una resolución, pero no castigar a los mapuches sin pruebas concretas”. 

“En definitiva, condenan a la comunidad mapuche y no encuentran una salida negociada. Tampoco al obispo lo dejaron entrar a la zona del conflicto, cuando es importante que pueda hacerlo”, amplió.

Finalmente, brindó sus herramientas para intentar solucionar el conflicto: “Estamos tratando que se establezca una mesa de diálogo que pueda llegar a una solución y no que no se resuelva nada; a los indígenas los tratan como ciudadanos de segunda y como invasores en sus propios territorios. El gobierno debe respetar la constitución nacional y no reprimir”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
 

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