El FMI exige suba de tarifas, fuerte recorte del gasto social e incremento de la presión impositiva

El plan apunta a conseguir una inmediata llegada de fondos de organismos multilaterales e inversiones en sectores estratégicos, fundamentalmente la energía y el litio. El viaje se concretará en pleno recambio de gabinete, tras las renuncias de Elizabeth Gómez Alcorta, “Juanchi” Zabaleta y Claudio Moroni, en medio de los festejos por la aprobación de la segunda revisión del Fondo.

Sin embargo, las recomendaciones de la entidad no dejan de ser preocupantes, ya que se incluye un mayor ajuste en las tarifas, una fuerte reducción del gasto social y una suba de impuestos vinculados a la propiedad. Tales medidas resultarían “necesarias” para "hacer espacio" a las inversiones en infraestructura y el gasto electoral en 2023.

La reducción del déficit primario del 2,5 por ciento en 2022 al 1,9 por ciento del PBI en 2023 requerirá un recorte del gasto del 1,3 por ciento del PBI (1 billón de pesos), lo que incluye un recorte de subsidios del 0,5 por ciento, fundamentalmente a través de la segmentación tarifas que aún no ha conseguido ponerse en práctica.

El informe del staff del FMI exige incluir algunos cambios en el plan oficial, como por ejemplo una mejora de la base de datos (RASE) con una reducción de la cantidad de usuarios no registrados; la vinculación de los precios con los costos, en lugar de hacerlo con los salarios; establecer topes de consumo "menos generosos" para los sectores medios y definir nuevos topes más bajos para los ingresos bajos; una reducción del universo de beneficiarios de la tarifa social.

Sin embargo, las tarifas son un tema sensible, sobre todo en un año electoral. Los especialistas sostienen que el gobierno debería aplicar una suba adicional del 80 por ciento en promedio para los sectores medios en 2023, para poder cumplir así  la meta fiscal. De este modo las boletas cubrirían la mitad de los costos energéticos, tal como lo prometió el poder ejecutivo. El problema es que a los bolsillos flacos y el malhumor social que provocan los ajustes en marcha -y a los que habría que sumarles los del transporte- permiten pronosticar una inflación del 103 por ciento para este año, según prevé el Banco Central, lo que genera crecientes tensiones con el cristinismo, que así lo hará notar en el acto de celebración del 17 de octubre en la plaza de Mayo.

Otro de los rubros examinados con lupa por el FMI es el gasto social. En este punto, los técnicos del organismo reconocen los esfuerzos por reducir la "indexación" de los programas, despegándolos de los indicadores de inflación, y la voluntad de promover la inserción laboral de beneficiarios con incentivos fiscales a las empresas y la auditoría de los planes. También proyectan una caída de la participación de las jubilaciones en el PBI en 2023 gracias a la aplicación de la fórmula de movilidad sancionada en 2020, que la ató a los salarios y la recaudación pasada, lo que colocaría a la gran mayoría de los beneficiarios en niveles de indigencia.

De este modo, mientras se discute el pago de un bono para los indigentes financiado con el "dólar soja",  y se atraviesa la incertidumbre provocada por la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el FMI exige una reducción de la asistencia social del 0,7 del PBI en 2023, del 0,2 en las jubilaciones y del 0,1 por ciento en las transferencias a las provincias. En caso de que la misma sea aceptada por el gobierno nacional, los programas sociales sufrirán un recorte de 560.000 millones de pesos.

"Las políticas macroeconómicas estrictas no son solo necesarias para asegurar los objetivos del programa sino para moderar en forma gradual la demanda doméstica, atacar la alta inflación persistente y evitar un ajuste desordenado. La consolidación fiscal requerirá una mejor gestión del presupuesto, junto con una mejor focalización de subsidios (energía, transporte y agua) y la asistencia social, a la vez que se protegen inversiones clave en infraestructura”, especifica el reporte del staff del FMI.

El gran problema es cuáles serán la reacción del cristinismo y de amplios sectores de la sociedad argentina que sufrirán un golpe letal a sus ingresos cada vez más magro, y su eventual incidencia sobre la gobernabilidad.

En lo referido a los impuestos, el FMI prevé la disminución de las exenciones fiscales, exigencia que Sergio Massa incorporó al presupuesto, y que incluye al régimen de promoción de Tierra del Fuego y la eximición del pago de ganancias del poder judicial. También el organismo de crédito internacional espera una mejora de la recaudación de Bienes Personales por el revalúo inmobiliario comprometido por el ministro de Economía y un plan para "segmentar" la base de contribuyentes en función del "riesgo".

Pese a todos estos recortes que significarían un durísimo golpe para buena parte de la sociedad argentina, se proyecta una caída en la recaudación del 0,8 por ciento del PBI en 2023, a consecuencia del carácter recesivo de las medidas que el Fondo exige implementar. Y a esto se suma el riesgo institucional, ya que no sólo pondrán en riesgo la continuidad de la coalición gobernante, sino también probablemente generarán un altísimo nivel de rechazo y conmoción social, cuyas consecuencias resulta aún imposible pronosticar, pero que ciertamente no serán neutras. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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