“Nicky” Caputo, la conexión entre Macri y la banda de los copitos

El magistrado confirmó que los hermanos del ex ministro macrista Luis "Toto" Caputo financiaron con 7 millones de pesos a la banda que llevó a cabo el atentado, mientras que los medios próximos al macrismo intentan mantener un silencio de radio para invisibilizar el hecho.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo las causas sobre los escraches contra la Casa Rosada y el Instituto Patria organizados por el grupo Revolución Federal, identificó transferencias sospechosas que se hicieron desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, ambos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos.

Dichas transferencias fueron enviadas a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal y por otros dos allegadas, de apellido Balboa y Vallero, entre los meses de diciembre de 2021 y agosto de 2022. En la investigación consta que el dinero se retiró “en efectivo, de manera inmediata”, y que ambos destinatarios figuran como monotributistas y ninguno de ellos registra antecedentes comerciales en la actividad declarada.

En tanto que Vallero recibió una transferencia del ficeicomiso Espacio Añelo, de Caputo Hermanos, por 2.454.480 de pesos, Morel embolsó unos días después, el  2 y 3 de junio,1.900.000 de pesos en efectivo.

Morel admitió que su carpintería hizo "un trabajo para un fideicomiso" que se lo había encargado. Y agregó: "No tenía forma de saber quién estaba detrás". La tarea en cuestión fue la construcción de la guillotina de madera que el propio líder de Revolución Federal llevó a uno de los escraches que investiga De Giorgi. De esa acción participó Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el ejecutor fallido del plan de magnicidio de Cristina.

Justamente Brenda Uliarte es el nexo entre la investigación de De Giorgi y la que lleva adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, sobre el intento de homicidio. Actualmente está detenida y procesada al ser considerada una pieza clave en la operación.

En este punto aparecen las dudas sobre el desempeño de la jueza Capuchetti, ya que el juez De Georgi y el fiscal Gerardo Policita le habían remitido la causa por denuncias contra Revolución Federal por su conexión con el expediente en el que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta. Pero la jueza se negó y, de este modo, importante información que podría haber permitido avanzar en la causa de intento de magnicidio no fue tenida en cuenta. La Cámara, entonces, le dejó la causa de los escraches a quienes la tramitaban originalmente.

La firma Caputo Hermanos está encabezada por Flavio y Hugo Caputo, hermanos del ex ministro de Finanzas y ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Por lo tanto, también son primos de Nicolás "Nicky" Caputo, el "hermano del alma" del ex presidente, quien también fue apuntado por los abogados de Cristina -José Manuel Ubeira y Gregorio Dalbón-, en la causa por el intento de magnicidio.

Si bien todavía no está probado que los fondos de la firma de los Caputo hayan sido girados para financiar la operación para asesinar a la vicepresidenta, las abultadas transferencias y la indefinición respecto de las contraprestaciones abonadas ameritarían la convocatoria a declarar de ambos. Sin embargo, Capuchetti ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar esa instancia, empezando por su negativa a incorporar al expediente la documentación girada de la causa de los escraches.

En el entorno de Cristina sostienen que todos estos grupos extremistas están vinculados, y que su fuente de financiamiento ha sido la empresa familiar de los Caputo. En ese marco, insisten en que hubo financiamiento de la política a estos grupos de matriz fascista que tendrían un punto de encuentro en el atentado y que apuntan a desgastar la imagen del peronismo, con la complicidad de los medios próximos al macrismo, que trataron a toda costa de instalar la tesis del “autoatentado”.

Pero no sólo desde el cristinismo sospechan la instigación y protección entre estos grupos fascistoides y los sectores más radicalizados del Pro. Incluso el periodista Carlos Pagni, en su programa “Odisea Argentina”, desmenuzó la cuestión en su editorial “Algo oscuro y novedoso irrumpió en el país” durante 50 minutos, nada menos que a través de la pantalla de La Nación+, una señal que confraterniza constantemente con los popes del Pro y que incluso se adjudica la tenencia de la porción mayoritaria de su paquete accionario a Mauricio Macri.

El periodista conmovió el tablero político al brindar información sobre las conexiones entre “la banda de los copitos” y referentes políticos y asesores del partido que dirige Patricia Bullrich. Para Pagni, el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández no fue obra de un grupo marginal que afloró de un día a otro.

“Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados, alrededor de los cuales gira un enigma. El que él designa como abogado, Gastón Marano, es un penalista que, de golpe, nos enteramos que es asesor del senador por la provincia de Chubut, Ignacio Torres, que pertenece al Pro en la comisión bicameral que vigila a los organismos de seguridad e inteligencia. Por supuesto, Torres dice que no tiene idea cómo está su asesor conectado con el jefe de la banda de los copitos que estaba aparentemente, según sus dichos, planificando el atentado a Cristina Kirchner. Acá también hay una curiosidad: ¿Marano no le avisó al senador que iba a tomar semejante caso?”.

Atando cabos, cabe recordar que Patricia Bullrich en ningún momento condenó el atentado, y siempre se manifestó como partidaria de la libre portación de armas de fuego. Por esta razón, en el entorno de Cristina insisten en que bastaría con revisar el celular de la presidenta del Pro para aclarar el atentado y develar la trama de responsabilidades en su organización y financiamiento. Algo que la jueza Capuchetti no está dispuesta a hacer e incrementa las sospechas sobre su decisión de cajonear indefinidamente la causa a partir de sus mismos inicios. Por último, no debe pasarse por alto que también fue personal de su propio juzgado el responsable de la inutilización del celular sustraído a Fernando Sabag Montiel a poco de producirse el atentado fallido. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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