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13 de noviembre de 2022 | Judiciales

Causa estancada

Caputo Hermanos y el financiamiento del atentado a Cristina

Los groseros esfuerzos de la jueza Capuchetti por hacer naufragar la investigación de la causa del intento de magnicidio de CFK parecen no ser acompañados por el juez federal Martínez de Giorgi, quien dictó una orden para realizar un registro a las instalaciones del fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén.

Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que se realice un registro a las instalaciones del fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén y que pertenece al grupo Caputo Hermanos, habilitando la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, quien este jueves había pedido "órdenes de presentación con allanamiento en subsidio" sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos SA y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por otro de los procesados, Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal.

En la resolución respectiva el juez afirma: "Corresponde disponer el registro domiciliario a realizar en el día de la fecha en el edificio cuya construcción tuviera por objeto el fidecomiso Espacio Añelo, ubicado en la intersección de la ruta `rovincial 7 y 17 de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén, a los fines de lograr inspeccionar las unidades que conforman dicha edificación, únicamente con el objeto de determinar a través de aquel procedimiento de inspección, si en aquellas se registra la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22, aportado por Caputo Hermanos el pasado 19 de octubre”.

La medida apunta a esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos SA, para dejar en claro si la empresa de los Caputo financió las actividades de Revolución Federal o si únicamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, según alegan las partes involucradas.

Cabe recordar que Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, miembros de Revolución Federal, se encuentran procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo "un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor", que incluyó la publicación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar y amedrentar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

El fiscal Pollicita sostuvo que "es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz".

La declaración de Morel afirma que todo el dinero que le ingresó Caputo Hermanos sería exclusivamente una contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.

Sin embargo, la carpintería no contaba ni con antecedentes que la habilitara a realizar obras de semejante envergadura, ni tampoco con los medios materiales ni los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo.

Pollicita destacó asimismo que "lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es, recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas".

De este modo, el avance de la investigación en el juzgado Martínez De Giorgi deja cada vez más en evidencia las irregularidades en el proceder de la jueza Capuchetti, quien se negó en su momento a la unificación de ambas causas, con el aval de la cuestionada Sala Nro. 1 que integran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -cuya continuidad en sus cargos provisorios ha generado todo tipo de suspicacias y acusaciones-, y que oportunamente fueran denunciados por los abogados de la víctima por su supuesta determinación de poner freno a la investigación sobre el atentado y, sobre todo, de los promotores ideológicos y financieros que posibilitaron su realización. (www.REALPOLITIK.com.ar)


ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Marcelo Martínez de Giorgi, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Jonathan Morel, Revolución Federal, Caputo Hermanos SA, Gerardo Pollicita, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Gastón Guerra

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