Un fallo anuló la elevación a juicio de la causa de Independiente

Bajo la figura de “delación premiada”, más conocido como arrepentido, el barrabrava de Independiente de Avellaneda, Pablo “Bebote” Álvarez, había declarado, meses atrás y en el marco de su enfrentamiento con los Moyano por la conducción del club, describiendo una voluminosa cantidad de delitos que complicó judicialmente a la familia del gremialista de Camioneros.

Las declaraciones apuntaban contra Héctor Eduardo Maldonado, por entonces secretario General de Independiente y mano derecha de Pablo Moyano. Tras las mismas, Maldonado fue acusado de maniobras defraudatorias contra el club, extorsión, coacción y todo tipo de manejos irregulares en torno a las concesiones del predio.

Con inusual rapidez, la Justicia se abalanzó sobre el dirigente rojo a través del fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, que solicitó la elevación a juicio de su causa. En el pedido, estuvo acompañado por la ratificación del juzgado de Garantías Nro. 9 de Avellaneda y la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. Parecía todo terminado para Maldonado.

Sin embargo, la defensa de Maldonado recurrió al Tribunal de Casación Penal, encabezado por los jueces Víctor Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral. Allí, los jueces examinadores se toparon con todo tipo de irregularidades que, al parecer, no se ajustaban a derecho.

En primer lugar, aseguró Violini, “la fiscalía no ha podido determinar cuáles serían los actos reprochados”, lo cual constituyó una falta particularmente seria teniendo en cuenta que Maldonado, de acuerdo a los acusadores, “no revestía la calidad de simple miembro, sino de jefe de la pretendida asociación ilícita”. En pocas palabras, Maldonado era el jefe de una banda delictiva, pero de la que no se logró determinar cuáles delitos cometían.

Por otro lado, el tribunal fustigó a la fiscalía por utilizar la figura de asociación ilícita libremente, casi como un latiguillo cuando no se sabe de qué acusar a alguien. En efecto, los jueces examinadores aseguraron que “los investigadores parten de la premisa de asociación ilícita para ‘luego’ intentar acreditar las distintas maniobras que ésta habría desarrollado cuando, en rigor de verdad, y por una cuestión meramente lógica, el camino a desarrollar debería ser el inverso”.

De este modo, el tribunal dejó en evidencia la falta de profesionalidad del fiscal Scalera, recomendándole además que, para la próxima, trate de “contar con al menos algunos elementos de prueba concretos” y recordándole que “no ha hecho esfuerzo alguno por superar, al menos argumentalmente, el vacío que supone la prueba que cita respecto a la pretensión acusatoria que sustenta”.

En conclusión, el Tribunal de Casación Penal decidió que no existían pruebas concretar contra Héctor Maldonado, que el fiscal Scalera había actuado de forma incorrecta y disolvió las decisiones de las instancias inferiores, en un giro inesperado para la fiscalía y favorable para la familia Moyano. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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