Municipales
Corrupción con la obra pública
Cómo afectaría a Cristina la sentencia del Tribunal
Por más que para la dirigencia argentina la sentencia sobre Cristina en la causa Vialidad es considerada como trascendental, de uno y otro lado de la grieta, en la práctica no entraña riesgo alguno -al menos en lo inmediato- sobre su libertad ni sobre sus capacidades políticas.
En la maniobra hay un adicional: la dimensión simbólica que se le adjudicaba al presentar a una ex presidenta como “corrupta”, con su extensión al conjunto del Frente de Todos, quedó prácticamente desarticulada tras conocerse los chats entre funcionarios del gobierno de la Ciudad, jueces, fiscales de la causa y miembros del Grupo Clarín, en relación con la excursión a Lago Escondido, donde se habría definido la estrategia para encarcelarla.
El cohecho, el prevaricato y la falsificación de facturas y boletas para disimular lo indisimulable que revelan los chats redireccionarán a nivel internacional la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner –en un juicio cuya sentencia se dictaminará sin pruebas concretas en su contra- a la certeza de la corrupción de un entramado político, judicial y empresarial en el que quienes tienen a su cargo garantizar el cumplimiento de la ley son los primeros en violarla. En cualquier país del mundo esta situación hubiera generado una crisis de estado y el desplazamiento de buena parte del poder judicial. Claro que estamos en la Argentina.
Si, como se suponía hasta la revelación de los chats, Cristina es condenada por el Tribunal Oral, esto no supone que deba sufrir prisión efectiva. Por una parte, porque posee fueros que impiden que sea arrestada y sería necesario un juicio político para que se los retiren, lo que no sería viable con la composición actual del Congreso. Adicionalmente, sólo podría afrontar la alternativa de encarcelamiento en tanto la sentencia quedase firme, luego de transitar todas las instancias apelatorias a su disposición. Y, finalmente, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron su condena no pidieron su detención.
La eventual sanción condenatoria del tribunal tampoco afecta la continuidad del ejercicio de su cargo, ni le impide presentar una candidatura para las elecciones del 2023. Si bien la fiscalía solicitó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sería necesario que la condena quedara firme.
Además, llegado el caso de que esto sucediera, Cristina cumple 70 años el 19 de febrero, por lo que podría solicitar la prisión domiciliaria, aunque en este caso quedaría a consideración del juez actuante.
Si, en caso contrario, resultara absuelta, la fiscalía podría apelar su inocencia, pero también se trataría de un largo entramado judicial, que incluye a la Cámara Federal de Casación y debería ser definido por la Corte Suprema, en caso de avanzar las instancias apelatorias de una u otra parte.
Así las cosas, la sentencia que se conocerá hoy tendrá más impacto político y mediático que judicial, y no entraña su encarcelamiento inmediato en caso de resultarle desfavorable.
El problema, en realidad, lo tiene la Justicia. ¿Se animarán a condenarla tras la difusión de los chats incriminatorios, sometiéndose a la evaluación de la comunidad internacional? Y, en caso de liberarla, ¿no sería una señal de que el “partido judicial” ha comenzado a sangrar debajo de su armadura?. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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