Los negocios de AUBASA, el socio bobo del gobierno provincial

Décadas atrás, la gestión del ex presidente Carlos Saúl Menem pasó la vieja ruta nacional 2 a la órbita provincial del por entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

Desde que la entonces bautizada autovía 2 se transformó en bonaerense, fue la provincia de Buenos Aires la que invirtió inicialmente unos 120 millones de dólares en transformarla en autovía, agregando dos carriles.

A pesar de los reclamos por transformarla en una autopista, Duhalde se contentó con crear una simple autovía con cruces de ferrocarril y diseño antiguo, que atraviesa pueblos y ciudades. Tiempo después, y nuevamente con fondos provinciales y articulado por la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, se llevaron adelante obras de envergadura, como el distribuidor de Dolores y el puente de Chascomús.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, aseguraron que entonces se planteó una matriz de negocios que jamás se logró cambiar: “La plata la pone el estado e instalan empresas concesionarias que bancan los usuarios a cambio de ningún servicio real”, afirmaron.

En efecto, en aquel entonces se trazó el primer negociado. La concesionaria fue Covisur SA cobraba un peaje o impuesto al tránsito, a pesar de no tener inversiones o riesgo alguno en el emprendimiento. Tras el paso de Covisur, le tocó el turno a Autovía del Mar SA, a la que se unió Caminos del Atlántico, que tenía las concesiones de las rutas 11 y otras conexas.

En la actualidad, la concesionaria es Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) que conduce Ricardo Lissalde y, al igual que el resto, se limita a recaudar el peaje y Vialidad provincial a llevar adelante una suerte de control o certificados de obra. Mientras tanto, los fondos continúan siendo aportados por el estado, tanto nacional como provincial, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Del mismo modo, el tramo de la ruta 56 entre Conesa y General Madariaga que fue convertido en autopista en una de las últimas obras, fue llevado adelante a través de fondos entregados por Gabriel Katopodis al gobierno de Axel Kicillof, sin que exista ningún aporte de AUBASA”, informaron desde el comité.

De este modo, AUBASA cobra peaje sólo para financiar el fenomenal costo operativo de las estaciones de cobro y de la innecesaria y burocrática empresa creada por Daniel Scioli en el 2013.

“A pesar de que las concesiones viales tienen el carácter de servicio público, los usuarios continuamos a la buena de Dios desde hace treinta años, continuamos pagando la nada misma, a una empresa que no hace nada y que, con nuestro dinero, paga negociados como una radio FM que salió dos millones y el McDonald’s, que también se pagó con las tarifas de los peajes”, confirmaron desde el Comité Nacional de Defensa al Usuario Vial.

“Además de ello, AUBASA es deficitaria y es inconstitucional por la falta de un camino alternativo. Los funcionarios que forman parte de AUBASA no tienen idea del tema, ni formación ni títulos relativos al trabajo que llevan adelante. Los trabajos los paga la patria contratista y beneficia a los amigos del poder, como ESUCO, Roggio, Cristóbal López y Eurnekian, la mayoría procesados o imputados en la causa de los cuadernos”, aseguraron. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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